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El Municipio detalló que deberá reparar daños en puertas, vitrales, ventanas y muros del Palacio Municipal, además de presentar una denuncia penal por los incidentes.
Los destrozos ocasionados durante la protesta de militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en la Municipalidad de La Plata demandarán una inversión superior a los $43 millones para reparar los daños en el Palacio Municipal. Además, el Gobierno local presentó una denuncia penal por los incidentes registrados durante la manifestación.
Fuentes oficiales confirmaron que el costo total de las reparaciones asciende a $43.580.000. Las tareas incluirán trabajos de pintura, carpintería y albañilería, con la reposición de vidrios, vitrales, molduras, batientes y la reparación de los portones de acceso, además de la restauración de muros y arcos de la galería principal.
La protesta fue realizada el viernes por militantes del MTE que estan ligados al dirigente Juan Grabois, frente al Palacio Municipal, luego del anuncio de despidos de trabajadores que cumplían tareas de mantenimiento en distintos sectores de la capital bonaerense.
Los incidentes se produjeron alrededor de las 13, mientras en el Salón Dorado se desarrollaba un acto por el Día Internacional de la Prevención de las Adicciones, del que participaban más de 300 vecinos, representantes de distintos cultos, instituciones, entidades de bien público y establecimientos educativos.
Desde la gestión del intendente Julio Alak sostuvieron que la manifestación no fue pacífica y denunciaron la rotura de puertas, ventanas, vidrios y vitrales tanto del Salón Dorado como del Concejo Deliberante. Además, afirmaron que durante los disturbios también se registraron agresiones contra personas que asistían a la actividad.
Como consecuencia de los hechos, la Municipalidad presentó una denuncia penal ante la fiscalía de turno del Departamento Judicial de La Plata y se constituyó como particular damnificado por los presuntos delitos de daño agravado al Palacio Municipal, lesiones y atentado a la autoridad.
Desde la administración municipal señalaron que el conflicto se originó porque el MTE pretendía mantener un esquema de contratación directa para tareas de mantenimiento por un monto cercano a los $90 millones mensuales, equivalente a más de $1.000 millones al año, modalidad que, según indicaron, debía ser reemplazada por un proceso de licitación pública.
El Ejecutivo local explicó que el cambio respondió a observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que advirtió sobre la imposibilidad de continuar adjudicando esos servicios mediante contratación directa y exigió la utilización del mecanismo de licitación pública.
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En ese marco, el Municipio informó que los días 10 y 11 de junio publicó el llamado a licitación para la contratación de los servicios de barrido, limpieza de zanjas y corte de pasto en todas las delegaciones municipales, tanto en el Boletín Oficial como en medios privados.
Según la versión oficial, todas las cooperativas y empresas que prestaban esos servicios, además de otros interesados, adquirieron los pliegos para participar del proceso, con excepción del MTE. La gestión de Alak sostuvo que la organización decidió no intervenir en la licitación y responsabilizó a sus militantes por los daños ocasionados durante la protesta en el Palacio Municipal.
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