La manera drástica como actuó Macri ante la denuncia contra Gómez Centurión contrasta con lo que sucedió con el titular de la AFI o ahora, con Triaca. Los riesgos de la comparación con el kirchnerismo.

Cuando en agosto de 2016, el presidente Mauricio Macri resolvió desplazar a Juan José Gómez Centurión en la Aduana, denunciado por la ministra Patricia Bullrich por supuestas irregularidades, la decisión generó cierto revuelo en el oficialismo.

Pero quedó la sensación de que el gobierno buscaba sentar un precedente que lo diferenciara del kirchnerismo.

Tiempo después, al no probarse las denuncias, la “separación preventiva” fue levantada, y hasta no faltaron quienes sugirieron que pudiera haber sido esa una puesta en escena de Cambiemos para alimentar el halo de transparencia oficial.

Cuando en el verano pasado, el mismo funcionario fue políticamente incorrecto al poner en duda durante una entrevista televisiva el número de desaparecidos, la oposición pidió su cabeza, pero en ningún momento el Presidente se mostró dispuesto a hacer lugar a esa reacción ante dichos que íntimamente comparte. Pero eso sí: desde lo más alto del poder bajó un llamado a silencio y la recomendación de no generar polémicas estériles.

En rigor, ya en la campaña Cambiemos supo eyectar a una figura propia ante una denuncia.

Fue el caso del periodista Fernando Niembro, amigo personal de Mauricio Macri, quien era nada menos que cabeza de la lista para diputados nacionales bonaerenses en 2015. Tras las PASO, quedó en el ojo de la tormenta al trascender que su productora había cobrado una cifra millonaria de parte del gobierno de la Ciudad, y para evitar consecuencias, renunció a su candidatura y no fue integrado a ningún cargo aun luego de ser sobreseído por la Justicia.

Con Gustavo Arribas, en cambio, Macri no adoptó la misma actitud. Fue cuando un arrepentido brasileño lo involucró en el escándalo del “Lava Jato”, y antes que la oposición lo hiciera, Elisa Carrió fue quien lo denunció.

Ahí el Presidente salió a defender abiertamente a su amigo y la diferente reacción respecto del caso Gómez Centurión fue justificada con el argumento de que en este caso Macri no podía apelar a un desplazamiento temporario al frente de la AFI, por la sensibilidad especial del lugar que ocupaba.

LEA MÁS:

Ni qué decir cuando la oposición en su conjunto reclamó a viva voz la renuncia/expulsión de Patricia Bullrich, por la desaparición de Santiago Maldonado. En esa oportunidad, el gobierno se alineó con su ministra de Seguridad, que al cabo de semanas de incertidumbre salió fortalecida al comprobarse que, en efecto, no había sido un gendarme sino el río el que se cobró la vida del joven tatuador.

El caso emblemático del gobierno de Cristina Kirchner en materia de defensa cerrada de sus funcionarios fue Amado Boudou. Cuando una investigación periodística comenzó a mostrar la trama de corrupción detrás de la venta de la imprenta Ciccone, el entonces vicepresidente de la Nación recibió luz verde para usar el ataque como mejor defensa. En ese marco se cargó un juez, un fiscal y hasta al procurador general de la Nación. Luego la oposición en el Senado reclamó en cada sesión que presidiera Boudou su paso al costado. Así y todo, Cristina Kirchner jamás pensó en echarlo. Por el contrario, Ciccone Calcográfica fue estatizada a través de una ley.

A la hora de tallar las diferencias, desde Cambiemos reivindican la “libertad” con la que la justicia ha podido manifestarse con los funcionarios del propio gobierno, comenzando por Macri, sometido a investigación cuando en abril de 2016 estalló el escándalo de los Panamá Papers. Dicho sea de paso, en esa oportunidad la reacción oficial no fue rápida: el Presidente demoró cuatro días en hablar del tema.

La propia vicepresidente Gabriela Michetti fue investigada por el origen de los fondos robados en su domicilio el día del balotaje, y decenas de actuales funcionarios figuran en las fojas que los jueces investigan por diversas causas. Se dirá, eso sí, que la rigurosidad con la que avanzan esas causas no es equivalente a las investigaciones contra exfuncionarios kirchneristas.

La situación tal vez más grave la vivió el gobierno en febrero del año pasado, cuando se conoció el acuerdo entre el Correo Argentino y el gobierno, a través del cual se condonaban al Grupo Macri 70 mil millones de pesos. Mauricio Macri salió de esa situación presentándose en una conferencia de prensa en la que anunció que el tema volvía a “fojas cero”.

Ahora se plantea para el gobierno un nuevo caso testigo, con el escándalo que impactó de lleno en Jorge Triaca. Primero lo mandaron al propio ministro de Trabajo a dar explicaciones y luego lo sacaron de escena por unos días, mientras el jefe de Gabinete lo ratificaba en el cargo. Pero el caso es grave y amenaza seguir escalando, pues la oposición tiene decidido hacer leña de ese árbol, y los gremialistas no perderán la oportunidad de tratar de sacar partido de esa situación en el marco del severo endurecimiento de la relación con el gobierno.

El problema surgió en un muy mal momento, con el ajuste en marcha y la inflación en alza; con una pronunciada y verificada caída en la imagen del gobierno, donde los propios votantes de Cambiemos comienzan a hacerse replanteos. No son pocos los que temen en el gobierno que se generalice el comentario que busca igualar a esta administración con la anterior, por la insistencia en defender a un funcionario cuestionado.

El caso divide aguas en el oficialismo, donde algunos sugieren que no tiene retorno y la única salida posible es la eyección del ministro, por decisión propia, para cuidar las formas. Otros sostienen que sería un mal momento para prescindir de quien debe lidiar con los gremios justo en vísperas de paritarias y con el debate de la reforma laboral fraccionada en ciernes. Sindicalistas que no participaron de la reunión beligerante de Mar del Plata avisaron que siguen prefiriendo a Triaca como interlocutor.

Con todo, le costará al ministro defender el proyecto de reforma laboral en el Congreso, por más fraccionado que llegue allí -contra su voluntad-, con una oposición que lo esperará con el cuchillo entre los dientes.

Por último, el factor Carrió: ¿qué pasará si es ella la que termina reclamando públicamente su renuncia? Ahí sería demasiado tarde como para que una decisión ejemplificadora pudiera tener credibilidad.

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2021-110619619-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados