La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó este lunes que el Gobierno les exigirá a los beneficiarios de planes sociales que completen sus estudios para seguir percibiendo ese ingreso y también aumentarán los controles de quienes reciben ese tipo de beneficios.
Tras conocerse la medida, referentes de organizaciones sociales y trabajadores informales denunciaron por su parte que el Gobierno quiere desarmar “los movimientos sociales” y no se ocupa de “generar empleo”.
“Estuvimos trabajando mucho en la actualización de datos de quienes cobran planes sociales y encontramos que más del 60 por ciento de las personas que cobran planes sociales no terminó el colegio secundario, por lo que nos pareció importante poder acompañarlos en este proceso”, afirmó Stanley.
La funcionaria consideró que “la educación y el trabajo son los pilares básicos para ayudar a una familia a salir de una situación de pobreza y vulnerabilidad”.
Además, en declaraciones a radio Mitre señaló que “cualquier empleo hoy en día pide que una persona haya terminado su secundaria”.
Stanley aseguró que la iniciativa es “a favor de la gente” y que no cree que genere “resistencias”, al tiempo que explicó que viene dialogando sobre este tema “con las organizaciones sociales” y que el objetivo es tratar “caso por caso”.
“Buscamos entender qué necesita cada persona y trabajar para cada una de ellas. Empezamos en noviembre en las oficinas de ANSES de todo el país con la actualización de datos, conociendo a cada persona: qué hacen, cuál es su nivel de educación, en que se han capacitado, en qué se quieren capacitar, y en qué quieren trabajar el día de mañana”, indicó la titular de la cartera de Desarrollo Social.
En ese contexto, Stanley destacó que la intención del Gobierno es que cada beneficiario de un plan social pueda “acceder a alguno de los diferentes mecanismos para terminar el secundario” y luego “capacitarse para trabajar de lo que quieren”.
Stanley se refirió puntualmente al rediseño de los programas Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Desde el Barrio, que ahora se denominan Hacemos Futuro.
El Gobierno informó que de los 261.805 titulares actuales, el 62,5% (163.842) pertenece al plan de cooperativas Argentina Trabaja; el 30.5% corresponden a Ellas Hacen (80.389); y el 7% (17.574) a Desde el Barrio.
Según publicó un matutino porteño, el plan del Gobierno incluye que ya no sean las organizaciones sociales quienes gestionan el reparto de planes: se trata de unas 50 organizaciones que dejarían de percibir unos 12.000 pesos anuales por cada beneficiario.