La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a unas 50 personas a abandonar la Unidad Turística en un plazo de diez días. El predio, símbolo del turismo social, será concesionado al sector privado.
El histórico complejo hotelero de Chapadmalal atraviesa un nuevo capítulo de incertidumbre. A más de seis meses de su traspaso a la AABE, el Gobierno decidió avanzar con el desalojo de quienes aún residen en el lugar. Se trata de unas 50 personas, entre trabajadores y familiares, que fueron notificadas para retirarse en un plazo de diez días corridos o enfrentar un procedimiento de desalojo.
La medida se da luego de que, a mediados del año pasado, el Gobierno dispusiera el traspaso de las unidades turísticas a la AABE, con el fin de redefinir el uso del predio tras el fracaso de una prueba piloto que buscaba sostener el esquema de turismo social bajo un modelo autosustentable.
En ese contexto, se declaró la “innecesaridad” de las unidades, en línea con la emergencia administrativa, económica y financiera vigente. Desde entonces, el complejo quedó bajo la órbita de la AABE, organismo encargado de definir su destino final.
Si bien el predio no puede ser vendido debido a su condición de patrimonio histórico-cultural, declarado como tal en 2013, el Gobierno ya anunció su intención de concesionarlo. A fines de marzo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que se avanzará con una concesión a 30 años con el objetivo de atraer inversión privada para su recuperación.
La iniciativa busca poner en valor la infraestructura y, al mismo tiempo, reducir el costo de mantenimiento para el Estado. En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la hotelería no es una actividad que el sector público deba gestionar.
Actualmente, en el complejo permanecían únicamente trabajadores encargados de tareas de mantenimiento y seguridad. Sin embargo, también residían familiares de estos empleados, situación que desde el Gobierno consideran una ocupación irregular, motivo que derivó en las intimaciones recientes.
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Un emblema del turismo social
El complejo de Chapadmalal fue construido durante la etapa previa a la primera presidencia de Juan Domingo Perón, con el objetivo de garantizar el acceso al descanso y las vacaciones a sectores populares. El proyecto dio origen a una ciudad balnearia con tarifas accesibles para trabajadores, jubilados y empleados públicos.
Con el paso del tiempo, el predio, de unas 75 hectáreas, se consolidó como un ícono del turismo social en Argentina. Cuenta con nueve hoteles de tres plantas, 19 bungalows, espacios deportivos y edificios administrativos.
Durante décadas, millones de familias accedieron por primera vez al mar a través de este sistema. Sin embargo, el complejo sufrió períodos prolongados de deterioro. En 2022, la gestión de Alberto Fernández impulsó su restauración con una inversión superior a $7.500 millones, bajo la conducción del entonces ministro Matías Lammens.
A pesar de esas obras, el mantenimiento volvió a decaer en los últimos años y hoy gran parte de la infraestructura presenta signos de abandono.
Planean crear un campus universitario en Chapadmalal
En medio del conflicto por el desalojo y el debate sobre el futuro del predio, surgió una alternativa que apunta a darle un nuevo uso público a parte del complejo. El senador nacional Maximiliano Abad impulsa la creación de un campus de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) en una de las unidades.
La propuesta contempla adaptar uno de los nueve hoteles para transformarlo en un espacio académico con aulas, laboratorios y residencias estudiantiles. El objetivo es fortalecer la formación superior, la investigación y la articulación con el desarrollo productivo regional.
El proyecto ya había sido presentado el año pasado en el Senado y cuenta con respaldo del Concejo Deliberante de General Pueyrredón. En las últimas horas, Abad recorrió las instalaciones y reafirmó su intención de avanzar con la iniciativa.
Mientras tanto, el escenario sigue en tensión. El gremio de trabajadores estatales (ATE) presentó un recurso de amparo para frenar los desalojos, mientras el Gobierno mantiene su plan de concesionar el complejo a largo plazo.
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