El gobierno oficializó los decretos de "transparencia"

Hoy se publicaron en el Boletín Oficial los denominados decretos de “transparencia” devenidos del frustrado acuerdo entre el gobierno y el Correo que pertenecía a Franco Macri.

El propio Mauricio Macri le había encargado hace un mes a la Oficina Anticorrupción (OA) su redacción.

En los últimos 15 días, el organismo consultó a ONG’ s dedicadas a la transparencia que culminaron en los textos rubricados ayer a última hora por el primer mandatario.

“Los dos proyectos sufrieron modificaciones por aportes del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires y entidades tipo Poder Ciudadano que los debatieron en Casa Rosada”, contó ayer a este diario un funcionario.

Se trata de dos decretos simples que entrarán en vigencia en una semana. “Es una forma de autolimitarse y establecer transparencia y control en los juicios y contrataciones en los que estén involucrados allegados a los funcionarios”, indicó.

Lo cierto es que la publicación de la normativa coincide con la visita del jefe de Gabinete, Marcos Peña, a la Cámara de Diputados, en una estrategia que buscará atenuar los cuestionamientos de la oposición por temas urticantes como el del Correo. En la cámara baja, asimismo, ya se discuten proyectos -uno de Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos- que buscan reformar la ley de Etica Pública para dirimir, entre otros temas, casos de conflictos de interés.

En Casa Rosada admiten que el reclamo de los radicales para dar fuerza de ley a estas normativas es válido pero que se decidió redactar los decretos para no demorar la implementación de los protocolos.

Con todo, en la mesa debate que organizó la OA se introdujeron cambios a los borradores y se separaron algunos apartados que se materializarán en futuros decretos.

“En lo referido a la obra pública eliminamos la contratación de “vinculados”. Lo vamos a tratar en otro decreto”, confió la fuente consultada. “En lo referido a la obra pública eliminamos la contratación de “vinculados”. Lo vamos a tratar en otro decreto”, confió la fuente consultada.

También por recomendaciones del Colegio Público de Abogados se quitó de los textos la figura de “enemistad manifiesta” de alguna persona que quiera participar en licitaciones.

Las restricciones para familiares hasta cuarto grado de consanguinidad (abuelos, padres, hijos, hermanos y primos), no sólo involucran a los allegados del presidente sino también a los de ministros, secretarios de Estado y también a directores que manejen altos presupuestos, que deberán presentar una declaración jurada aclarando su vínculo y que será auditada por la OA y la Procuración del Tesoro. La declaración jurada de intereses, en tanto, se intentará regular con un futuro DNU.

Asimismo, se buscará hacer pública una enmienda a la ley de Etica Publica realizada durante el kirchnerismo que “ocultaba” si por ejemplo un funcionario figuraba como director de una empresa.

“El anexo a la declaración jurada debía ser entregada en sobre cerrado a un juez y sólo él lo podía hacer público. Eso ocurrió para tapar casos como Ciccone, donde está involucrado Amado Boudou, o Los Sauces, el hotel de Cristina Kirchner”, amplió el funcionario consultado.

En el gobierno insisten en que un potencial caso de conflicto de interés “no es corrupción”, pero sí crea un ámbito de sospecha de eventuales delitos, como tráfico de influencias o negocios incompatibles con la función pública.

A comienzos de abril, la OA comenzará a analizar la suspendida cesión de rutas aéreas de Avianca (que compró Macair de Macri padre) según la nueva normativa y, estiman, que en junio se arribaría a un dictamen definitivo sobre el caso.

Tras las quejas de algunas ONG’ s, mañana el Ejecutivo publicaría en el BO la reglamentación a la ley de acceso a la información pública. Sancionada en setiembre pasado, se habían vencido los plazos de reglamentación.

La norma obliga al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial a responder cualquier requisitoria en 15 días aunque prevé la posibilidad de una prórroga “excepcional” de otros 15 días.

Aunque crea una Agencia de Información Pública, fuentes gubernamentales explicaron a este medio que durante la transición la Jefatura de Gabinete actuará “como autoridad de aplicación” para las preguntas al Ejecutivo -abarca al 80% de las consultas- en tanto que los otros poderes deberán hacer lo propio a la brevedad.