Fuentes parlamentarias no descartan que el proyecto sea anunciado por el propio presidente Mauricio Macri el próximo 1º de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso

En medio de la polémica por la liberación de motochorros en distintos episodios delictivos, desde el oficialismo destacaron la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma al Código Penal, en la que trabaja la Comisión de Reforma del Código Penal creada en 2017 y que debería ser enviado al Parlamento este año por el Poder Ejecutivo. Fuentes parlamentarias no descartan que el proyecto sea anunciado finalmente por el propio presidente Mauricio Macri el próximo 1 de marzo -en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso- y se convierta de esta manera en la discusión clave de 2019, ya que se estima que ingresaría por el Senado y podría ser convertido en ley durante el primer semestre del año.

Más allá de la fecha que se elija finalmente para presentar el proyecto, las fuentes anticiparon que Cambiemos priorizará en 2019 la discusión del Código Penal, en un año que estará atravesado por la campaña electoral, y reiteraron que el presidente Macri va a proponer como principal tema de agenda esta discusión, que desde hace dos años analiza un equipo de juristas y expertos.

La necesidad de sancionar un nuevo Código Penal fue reiterada por el vicejefe de Gobierno porteño a cargo del ministerio de Seguridad de la Ciudad, Diego Santilli, quien pidió que el Congreso trate “lo más pronto posible” la reforma, a fin de “terminar ya” con diferentes modalidades delictivas.

En diálogo con radio Mitre el funcionario porteño se refirió al caso de Leandro Bazán (27), detenido dos veces con celulares robados bajo la modalidad motochorro y liberado por la justicia. Pero el tema ya había escalado días atrás, con el caso del colombiano Stevens Jurado Mora (25), liberado dos días después de robar un celular desde una moto, a cambio de un resarcimiento de $700.

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El debate en el Congreso en torno a la necesidad de realizar cambios al actual Código Penal se reavivó el año pasado durante la discusión del proyecto para despenalizar el aborto y, más tarde, en diciembre en el marco del tratamiento de la iniciativa que buscaba agravar las penas a los barrabravas, que finalmente se trabó por falta de acuerdos en torno a las escalas penales para esos delitos.

También, a principios de este año, se hizo referencia a la necesidad de actualizar el sistema penal, cuando el gobierno anticipó su decisión de enviar al Congreso el proyecto para establecer un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que contempla entre otras cuestiones, la baja de la edad de imputabilidad desde los 16 años que rigen actualmente, a 15 años.

El actual Código Penal, es de 1921 y sufrió en estos casi cien años más de novecientas reformas parciales, lo que produjo algunas contradicciones y quebró la coherencia original interna del Código, según coinciden los expertos en la materia. En ese sentido, numerosas reformas dieron lugar a la incorporación de nuevos tipos penales, en algunos casos en leyes especiales no integradas al Código.

La reforma del régimen penal juvenil

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que trabaja en la reforma del régimen de responsabilidad penal juvenil “buscando reemplazar un decreto de la dictadura” ya que, entre otras cuestiones, “no cumple con la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.

En un informe sobre los proyectos que impulsará en 2019, elaborados en la Plataforma Justicia 2020, el Ministerio expresó que el régimen actual es “obsoleto para enfrentar casos que tomaron estado público, como el crimen de Brian Aguinaco a fines de 2016”, el adolescente de 14 años baleado por motochorros en Flores.

Brian Aguinaco iba en auto, que era conducido por su abuelo y los ladrones pensaron que los estaban persiguiendo y les dispararon. Una de las balas impactó en la cabeza del menor de edad que falleció.

En su informe, consignó que “de acuerdo a datos de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia hoy hay más de cien menores de 16 años privados de libertad por decisión discrecional de la justicia”.

“El proyecto es innovador ya que hace foco en la justicia restaurativa y en la prevención a través de medidas socio-educativas y laborales para evitar el ingreso de los jóvenes a la delincuencia”, precisó e indicó que “se busca dar respuesta a todos los involucrados: al joven que comete el delito, a la comunidad y a las víctimas”.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia destacó las políticas de lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y otros delitos graves y, en tal sentido, mencionó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Extinción del Dominio que es “una herramienta imprescindible y efectiva en el combate de las mafias y las bandas delictivas”.i

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