El gobierno oficializó que auditará los concursos realizados entre "el 14 de diciembre de 2016 y el 14 de diciembre de 2019" y que quedarán sujetos "a la ponderación de la oportunidad, mérito o conveniencia de la autoridad llamada a resolver".
En el oficialismo sospechan que dentro de ese grupo se hayan contabilizado casos de supuesta discrecionalidad y privilegios al momento de autorizar los ingresos en el estado. En Casa Rosada sostenían que la resolución publicada en el BO es la continuación de la suspensión del decreto 788 de 2019 -concretada a comienzos de enero- , el mismo que establecía un régimen de "permanencia" para más de 3 mil cargos concursados en la alta dirección pública, "generando un sistema diferencial y privilegiado para altos funcionarios".
En su momento, desde el ministerio de Modernización de Cambiemos remarcaron que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 hubo 4883 concursos. Empero, sólo 328 se correspondían a los cargos ejecutivos a quienes alcanzaría el contenido del polémico decreto.
Un ex asesor macrista se defendió de la medida dispuesta por el Ejecutivo. "El 80% del personal ingresado a través de esos concursos tenía más de 10 años dentro del Estado así que si revisaran, van a sacar a gente que había ingresado con ellos. Lo han hecho para instalar el tema de la herencia", explicó ante la consulta de este medio.
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Lo cierto es que los actuales funcionarios se quejan de los "gerentes" que ingresaron con cargos políticos durante la anterior administración y ahora se niegan a abandonar sus funciones para que, a la postre, deban ser despedidos y puedan cobrar la indemnización: alertaron por casos en el Enacom y Canal 7, por ejemplo. Al decir de un vocero consultado, se escudan en que "no son alcanzados por el Convenio Colectivo de Trabajo de la Administración Pública por pertenecer a empresas que son sociedad del estado. Pero tendrían que irse porque vinieron con cargos políticos".
Por otra parte, se siguen oficializando cargos públicos a través de su publicación en el BO.
La semana pasada había sido designado como interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), el ex jefe de gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández, quien en 2019 perdió una interna del FdT para una concejalía en Pinamar.
Este lunes fue designado Juan José Ross como director nacional de Publicidad Oficial de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete. También Javier Emilio Rea fue oficializado como director de Extranjeros Judicializados de Migraciones, en momentos en que trascendió la idea de derogar el decreto de Mauricio Macri que posibilitaba la expulsión de extranjeros que hubieran cometido un delito en Argentina.
Por otra parte, se conoció en Casa Rosada que Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Federal de Políticas Sociales, viajará hoy a Salta para recorrer las comunidades wichis donde en los últimos días se produjeron unas 6 muertes por desnutrición.
Por la tarde, en tanto, se espera que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anuncie en Casa Rosada un relanzamiento de las obras de los corredores viales que había licitado Cambiemos y quedaron paralizados por el fracaso de los Proyectos de Participación Pública Privada (PPP) a raíz del cimbronazo económico-financiero.
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