El gobierno frenó por el momento el traspaso del Programa de Protección de Testigos a la órbita del Poder Judicial, ante el rechazo de sectores de Comodoro Py y del presidente electo, Alberto Fernández

El gobierno nacional preparó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para traspasar el Programa de Protección de Testigos a la órbita del Poder Judicial, pero decidió frenarlo por el momento ante el rechazo de sectores de Comodoro Py y del Frente de Todos.

La iniciativa fue redactada por el titular de la cartera judicial, Germán Garavano, tras los planteos realizados por resonantes testigos arrepentidos como el ex secretario de Obras Públicas José López, el chofer Oscar Centeno y el financista Leonardo Fariña, entre otros.

En Casa Rosada confirmaron ayer a este diario que el decreto no fue firmado aún por el presidente Mauricio Macri y tampoco se espera que lo haga en las próximas horas.

"Es un tema complejo", indicó una fuente gubernamental ante la consulta sobre el motivo de posponer la firma del mandatario.

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Según trascendió, entre los motivos de la demora estarían el malestar en Comodoro Py, en la Corte Suprema, y el rechazo del mandatario electo, Alberto Fernández.

El martes pasado, durante la reunión de acuerdos desarrollada en la Corte Suprema de Justicia, los jueces analizaron el tema y expresaron su rechazo a la posibilidad de que la Justicia se haga cargo del Programa de Protección de Testigos, que el gobierno esperaba pasar a la Cámara de Casación.

El sistema, creado por en agosto de 2003 a través de la Ley 25.764, "se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieren realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, trata de personas) y que, como consecuencia de él, se encuentren en una situación de riesgo", señala el Ministerio de Justicia.

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