Lo que hace un par de semanas fue un decreto de necesidad y urgencia (DNU), ahora es un proyecto de ley que cuenta con la firma del presidente Alberto Fernández y ya ingresó en el Senado, donde será debatido para luego pasar a Diputados. Se trata nada menos que de el marco legal que regulará cómo se implementarán las restricciones a la circulación y a las distintas actividades durante la pandemia. Y define qué márgenes de acción tendrán las provincias y cuánto correrá por cuenta de la Nación.

Tal como lo anticipamos hace una semana, el Gobierno busca así ponerle un corset legal a las provincias y, de paso, evitar futuros roces con la Corte Suprema de Justicia. De hecho, la idea de convertir el último DNU en un proyecto de ley, fue la forma que encontraron en Casa Rosada de responderle con acciones al fallo del máximo tribunal que hace una semana le recordó a la Nación que la Ciudad de Buenos Aires tenía la autonomía suficiente para decidir si dictar o no clases presenciales en su distrito.

Por eso, no es casual que el proyecto de ley haya ingresado por el Senado, allí donde sesionan los representantes de las provincias. Allí el Gobierno planea pasar la prueba de fuego. Si el proyecto resulta aprobado allí, aseguran, el resto serán pan comido.

El proyecto establece cuatro zonas que se fijarán tomando en cuenta un conjunto de criterios epidemiológicos, como la velocidad con la que se propagan los casos de Covid-19 en una región y el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva dentro de la infraestructura hospitalaria de esa zona.

Estas variables definen la categoría de una región, ciudad o provincia. Existen cuatro categorías de riesgo: 1) bajo 2) medio 3) alto y 4) alarma epidemiológica. En este punto el proyecto de ley que el Ejecutivo envió este lunes al Senado es idéntico al último DNU.

En las regiones donde el riesgo sea bajo, rigen las restricciones generales. Y serán las autoridades locales quienes podrán tomar medidas adicionales para restringir aún más la circulación si lo consideraran necesario. Algo parecido ocurrirá en las zonas de riesgo medio, donde además estarán suspendidas (tal como ahora) algunas actividades como los viajes de egresados y las fiestas en salones cerrados. A estas medidas generales podrán agregarse las que dispongan los gobernadores, quienes las pondrán en práctica durante 21 días, tras lo cual volverán a medir las variables epidemiológicas para saber cómo evolucionó la situación con las restricciones.

La polémica promete desatarse cuando en el recinto debatan acerca lo cómo regular las restricciones en las zonas de alto riesgo y de alarma epidemiológica. Es decir, en los lugares críticos. En especial en la categoría 4, de alarma epidemiológica, ya que el proyecto establece que en esas zonas se suspenderán las clases presenciales. Hoy, tanto la Ciudad de Buenos Aires como el conurbano bonaerense están dentro de la categoría de alarma epidemiológica. Esto significa que si se aprueba el proyecto de ley y si la zona sigue en la misma categoría, se terminarían las clases presenciales en la capital federal.

De todas maneras, en la Casa Rosada aseguran que cada medida se tomará luego de dialogar y consensuar con los gobernadores o el jefe de gobierno porteño. “Promovemos el diálogo político”, aseguran. Pero en la siguiente frase lanzan un: “No queremos normalizar una alta cantidad de muertos cada día”.

Y aunque desde la oposición ya adelantaron que no apoyarán el proyecto, en el Gobierno se tienen fe. “Hay buen diálogo con distintos sectores”, aseguran. Y prometen que el proyecto de ley será sancionado en un par de meses. “Es importante tener previsto qué medidas se van a tomar en cada caso y quiénes serán los encargados de tomarlas”, señalaron. Y agregaron: “Esto le da previsibilidad a la gente y a los gobiernos, tanto provinciales como a la Nación”. Sin duda, uno de los ejes del debate de los próximos meses.

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