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Tras el rechazo del Congreso al veto de Javier Milei, el Gobierno promulgó la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la ejecución de la ley quedó suspendida.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y, en simultáneo, comunicó que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso incluya créditos presupuestarios y fuentes específicas para cubrir sus erogaciones.
Así lo establece el Decreto 681/2025, que invoca el art. 5° de la Ley 24.629 (toda ley con gasto queda suspendida hasta la inclusión de partidas) y el art. 38 de la Ley 24.156 (obligación de precisar financiamiento).
El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el 15 de septiembre y que ese es el ámbito para definir recursos y partidas que permitan la ejecución de la norma. La ley había sido vetada en agosto (Decreto 534/25), pero el Congreso insistió con dos tercios en Diputados (20/8) y Senado (4/9), tras lo cual el 8/9 fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
El Ejecutivo adujo la suspensión de la aplicación de la legislación por el supuesto impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.
En ese sentido, estiman que la creación de la nueva pensión implicará un gasto de $2.166.985.900.000 para el ejercicio 2025, equivalente al 0,26 % del Producto Bruto Interno (PBI), y un gasto adicional de $4.706.628.500.000 para 2026, lo que representa el 0,47 % del PBI.
A esto se suma el costo para el “Programa Incluir Salud”, que otorga cobertura médica a los titulares de pensiones no contributivas, con un gasto adicional de $574.200.000.000 para 2025 (0,07 % del PBI) y $1.239.266.000.000 para 2026 (0,12 % del PBI). La compensación económica de emergencia para prestadores se calcula en $278.323.000.000 (0,03 % del PBI).
En total, la implementación de la ley demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, equivalente al 0,35 % del PBI.
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Reasigna fondos de la ANDIS
Por otra parte, en la Decisión Administrativa 24/2025 -también publicada en el Boletín- el Gobierno reasignó partidas para reforzar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde el 1° de octubre, con el objetivo de actualizar pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas (Ley 24.901).
Según se detalla, el presupuesto de la agencia se incrementa en $121.363.881.238, que se financia con una reducción equivalente a los créditos asignados previamente a “obligaciones a cargo del tesoro”.
Qué dispone la ley (en lo formal, aún no ejecutable):
— Declara la emergencia hasta el 31/12/2026 (prorrogable 1 año).
— Crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social: 70% del haber mínimo, actualización previsional, compatibilidad con empleo hasta 2 SMVM, suspensión automática por superación del tope y rehabilitación inmediata; conversión de oficio de PNC vigentes.
— Garantiza cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901.
— Declara de interés público los servicios de prestadores 24.901 y fija una compensación de emergencia por la brecha aranceles vs IPC (12/2023–12/2024); establece aranceles únicos con movilidad mensual por Decreto 274/24 (o el que lo reemplace) y un estudio anual de costos.
— Amplía a 3 años la exención del 50% de contribuciones patronales para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad (art. 87 Ley 24.013).
— Fortalece a ANDIS (CUD, auditorías con debido proceso inclusivo) y exige informes anuales de ejecución y pagos.
Qué queda frenado hasta que haya partidas:
— Altas y conversiones de la nueva PNC, su compatibilidad laboral y rehabilitaciones.
— Compensación a prestadores 24.901 por la brecha 2024 vs IPC y la movilidad arancelaria respaldada en el Presupuesto.
— Incorporaciones a Incluir Salud en el marco de la nueva PNC.
— Despliegue operativo de ANDIS para auditorías y metas de transparencia con financiamiento.