Al malhumor social generado se suma el frente interno: los socios radicales nuevamente no ocultan su desazón por una medida que vuelve a castigar al electorado propio. Todos los entretelones.

Pese a que este lunes cambió la desafortunada estrategia comunicacional del secretario de Energía Javier Iguacel, que el viernes pasado había atribuido a militantes kirchneristas el malestar por el cobro retroactivo de la tarifa del gas, el gobierno no logró evitar la judicialización de un ajuste polémico del que ahora deberá afrontar un costo político por el malhumor social generado y el frente interno: los socios radicales nuevamente no ocultan su desazón por una medida que vuelve a castigar al electorado propio.

Obligado por las críticas que desencadenaron sus declaraciones y el anticipo del cobro retroactivo de 24 cuotas en la tarifa de gas a partir de enero próximo a consecuencia de la devaluación, Iguacel concedió entrevistas a los medios y por la tarde ofreció una conferencia de prensa en la que señaló que el retroactivo costará, en promedio, entre 90 y 100 pesos para los usuarios residenciales más el interés fijado por el Banco Nación. Y enarboló el retocado discurso oficial: con el aumento de la producción de energía en un futuro deberían bajar las tarifas.

Con todo, no hubo marcha atrás de una medida severamente cuestionada por su legalidad. Es que, siguiendo el razonamiento de la misma, los fabricantes de otros productos elaborados en base a commodities (exportables) podrían reclamar esa compensación por la escalada del dólar a casi $39.

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Por la mañana, en uno de sus típicos mano a mano, Mauricio Macri se reunió con un vecino de Luján llamado Rubén, y dio el puntapié inicial de esta estrategia comunicacional: aseguró que no se encaprichó en subir tarifas sino que “hay que pagar lo que vale la energía, que se rige por el precio internacional del petróleo” y que “si empezamos pagar lo que vale, hoy tenemos Vaca Muerta y cuando empezamos a producir más energía, cuando tengamos cada vez más, va a empezar a bajar el precio”. Minutos más tarde, en tren de domesticar la rudeza del reemplazante de Juan José Aranguren, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que “los contratos están dolarizados desde el año ‘92” y pese a “que somos conscientes del impacto en los bolsillos, estamos abiertos a discutir con la oposición medidas para amortiguar este impacto en la gente y por otro lado, que se respete un presupuesto con equilibrio”.

Es que, detrás de la intransigencia oficial, está el objetivo de llegar el año próximo con déficit cero en las cuentas públicas, garantizar la sanción un presupuesto “equilibrado”.

Más allá de los derechos de los productores y los distribuidores de gas, declamados por el gobierno según la última audiencia pública, resulta inoportuno esta compensación por la supuesta pérdida empresaria por la depreciación del peso: en rigor, antes que a las firmas, la brusca devaluación hizo y hace perder poder adquisitivo a los usuarios del servicio.

En este contexto, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció ayer a Iguacel por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público como responsable de los aumentos en el gas pero eventualmente se deberá determinar si hay otros responsables por la medida. Es que el funcionario no “se cortó solo” sino que esta regulación contó con la aprobación de Jefatura de Gabinete.

Al igual que los anteriores tarifazos, surgieron grietas internas en Cambiemos por el efecto de la medida sobre el votante propio de clase media. El senador santacruceño Eduardo Costa calificó al nuevo aumento de gas como “una injusticia para los santacruceños” y su par de La Pampa, Juan Carlos Marino, se manifestó “totalmente en contra”. Por lo bajo, otros dirigentes radicales han cuestionado la reglamentación. Como era de esperar, la oposición aprovechó la resonancia del tema: los intendentes del PJ que gobiernan en el Conurbano cuestionaron la medida y anticiparon, al igual que en 2016, una lluvia de recursos de amparo para frenar su aplicación.

El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, se presentará hoy en la justicia ante lo que consideró una medida “ilegal, irracional y arbitraria”.

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