Por segundo día consecutivo, este sábado distintas fuerzas de seguridad y miembros de la AFIP reanudaron el allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio en la casa que la senadora tiene en El Calafate

En el segundo día de allamientos sobre las propiedades de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la senadora y expresidenta, resaltó hoy que "ninguno" de los "arrepentidos" que declararon en la causa sobre el presunto pago de coimas en la obra pública "menciona" a la ex presidenta "dentro de una maniobra delictiva".

Este sábado distintas fuerzas de seguridad y miembros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reanudaron el allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio en la casa que la senadora tiene en la ciudad santacruceña de El Calafate, que había comenzado el viernes al mediodía y se había suspendido por la noche.

Mientras los uniformados de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura retomaban las inspecciones en la propiedad ubicada sobre la calle Padre De Agostini, Dalbón volvió a cuestionar al juez, al que acusa de estar "llevándose por delante el Derecho" y defendió la "inocencia" de la ex presidenta en la llamada "causa de los cuadernos".

"Quizá puedan meterle en la cabeza a la gente que aquí hubo actos de corrupción, no voy a decir que no los hubo porque no lo sé. Lo que sí sé es de la inocencia de Cristina. Ninguno de los empresarios y funcionarios menciona a Cristina dentro de una maniobra delictiva, nadie", subrayó el abogado.

En declaraciones al canal C5N, el abogado sostuvo que "es mentira que Cristina Fernández de Kirchner tenga que ver con la obra pública, que hayan habido bolsos y se los haya llevado Cristina".

"No surge de ninguna declaración de funcionarios ni de empresarios que vincule a Cristina con la plata", agregó el abogado, en referencia a quienes se presentaron ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli para pedir que se los acepte como imputados colaboradores o "arrepentidos".

El letrado sostuvo que "los allanamientos fueron una farsa" y calificó como "una vergüenza" que no se le permitiera al otro abogado de la ex mandataria, Carlos Beraldi, presenciar el procedimiento que también se hizo el último jueves en el departamento del barrio porteño de Recoleta.

Dalbón se expresó así en momentos en que se desarrollaba la segunda jornada del allanamiento en la casa de la ex presidenta en El Calafate, donde los investigadores se abocaron a analizar el subsuelo de la propiedad, luego de las seis horas que había demandado registrar el resto del inmueble en la tarde del pasado viernes.

Además de los efectivos de las tres fuerzas y los miembros AFIP, también había en el operativo perros entrenados para allanamientos y distintos elementos de tecnología para revisar paredes, techos y suelos.

A diferencia de lo sucedido en la primera jornada del procedimiento, en el acceso al predio de la calle Padre De Agostini no hubo este sábado militantes kirchneristas.

La casa de El Calafate, en la que falleció el ex presidente Néstor Kirchner en octubre de 2010, es la tercera propiedad de la líder de Unidad Ciudadana que es allanada en el marco de la denominada causa de los cuadernos.

Mientras tanto, la ex jefa de Estado permanecía en la Ciudad de Buenos Aires en el departamento de su hija, Florencia Kirchner, en el barrio de Constitución, luego de que su inmueble de Recoleta fuera allanado el pasado jueves durante 13 horas.

Además del operativo en el edificio de Uruguay y Juncal, la Policía Federal y la AFIP habían registrado la casa ubicada en Mascarello 443 en la ciudad santacruceña de Río Gallegos.

Todos los allanamientos se dieron en el marco de la causa por el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión del kirchnerismo ordenados por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal número 11, quien el último miércoles había recibido la autorización del Senado para proceder con las medidas de prueba en los domicilios de la líder de Unidad Ciudadana.

En un informe, Bonadio aseguró que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, así como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, eran los "beneficiarios finales" de la presunta "organización delictiva" que autorizaba sobreprecios en obras con el objetivo de recibir retornos que eran recaudados por el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta y su secretario privado Nelson Javier Lazarte; junto con otros funcionarios como Hernán Camilo Gomez, Fabián Ezequiel García Ramón, Rafael Enrique Llorens y Walter Fagyas.

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