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Te explicamos el detrás de la reforma constitucional para que puedas comprender qué está pasando en Jujuy.
La aprobación de la nueva Constitución generó momentos de tensión con movilizaciones y hechos de violencia en las calles y rutas de Jujuy.
La Asamblea Constituyente juró la reforma parcial de la Carta Magna provincial, que impulsa el gobierno de Gerardo Morales, la cual se discute desde el año pasado.
Durante las elecciones de mayo fueron elegidos los constituyentes y el propio gobernador jujeño fue seleccionado presidente del cuerpo abocado a la tarea de reformar la constitución provincial.
Esta reforma impulsó cambios en los "Derechos y garantías de las comunidades de los pueblos originarios", así como una mayor defensa de la propiedad privada y las tomas de tierras. Además, Morales impuso la "prohibición de cortes de ruta".
Esto dice la nueva Constitución de Jujuy
Los reclamos populares giran en torno a distintos artículos de la reforma: el Artículo 50 - "Derechos y garantías de las comunidades de los pueblos originarios", el 67, relacionado con los cortes de calles y el artículo 36 que trata sobre la propiedad privad.
Tanto el 50 como el 36 fueron objetados tanto por comunidades originarias como por los partidos de la oposición y Morales los retiró de la redacción en la Constitución aprobada, pero si se mantuvo la prohibición a los cortes de ruta.
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Esto decía el Artículo 50 - "Derechos y garantías de las comunidades de los pueblos originarios":
"1) Esta Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias y pueblos indígenas de Jujuy y garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural, conocimientos ancestrales y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. 2) El Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación. 3) El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. 4) Ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos. 5) El Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la Provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa".
Este texto dejó de considerarse en la nueva carta magna y se volvió a la redacción del artículo 50 de la Constitución de 1986, que planteaba: "Artículo 50, 'protección a los aborígenes'. La Provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social".
El artículo 36, que se retiró, la nueva Constitución sostenía:
"Derecho a la propiedad privada. 1) Esta Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada. Toda persona puede usar, gozar y disponer de sus bienes. 2) La propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En caso de juicio, las costas se impondrán siempre al expropiante. 3) Queda abolida la confiscación de bienes. 4) Las leyes procesales de la Provincia deben incorporar mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular. 5) Será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley. Una ley especial determinará las condiciones para el desalojo, y para que el o los titulares del derecho afectado estén en condiciones de ejercer de manera inmediata sus derechos, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo".
Tras la marcha atrás, se volvió a la redacción de la Constitución de 1986 que decía: "Derecho a la propiedad privada. 1) Esta Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada. Toda persona puede usar, gozar y disponer de sus bienes. El ejercicio de este derecho debe ser regular y no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas. Con esos fines la ley lo limitará con medidas adecuadas conforme a las atribuciones que le competen al Gobierno Provincial. 2) La propiedad es inviolable y ningún habitante puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia firme fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. En caso de juicio, las costas se impondrán siempre al expropiante. 3) Queda abolida la confiscación de bienes".
En relación al artículo 67, relacionado con los cortes de calles, Morales mantuvo su postura respecto a la prohibición de los cortes de ruta.
Dicho apartado, titulado "El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica", establece que "el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas".
Desde el gobierno de Jujuy esperan nuevas movilizaciones en medio de un día marcado por el paro general que realiza la CGT de Jujuy. Estas protestas buscan que Morales revierta la publicación de la Constitución que se aprobó al igual que sucedió con los dos artículos negociados, algo que parece improbable ya que se votó con mayoría y apoyada por miembros opositores al actual gobierno provincial.
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