El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, rechazó la probation solicitada por un acusado de vender medicamentos adulterados

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, rechazó del pedido de suspensión del juicio a prueba (probation) solicitado por un acusado de vender medicamentos adulterados, por considerar que los hechos que se le imputan son graves y en el caso es necesario la realización de un juicio oral y público en el que puedan debatirse los delitos imputados.

Al acusado, que fue identificado como DRP, se le imputan la comisión de los delitos de venta, suministro, distribución y almacenamiento de sustancias medicinales —destinadas al tratamiento de graves enfermedades —, falsas, adulteradas y vencidas, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 6 de julio de 2020.

A partir de lo dispuesto, se deberá llevar a cabo un juicio oral y público a fin de determinar la responsabilidad de DRP. por los hechos objeto de proceso.

El fiscal se había manifestado en contra de la probation solicitada por los acusados debido a la gravedad de los hechos imputados y su repercusión en la salud pública, atribuyéndoselo a todos los imputados en calidad de coautores a través del cumplimiento de distintas funciones.

"El grado de afectación a la salud pública fue de gran magnitud, por lo que no se podría descartar que el Ministerio Público Fiscal solicitó, en un eventual juicio oral, penas superiores al mínimo que indefectiblemente serían de efectivo cumplimiento”, agregó el Ministerio Público Fiscal.

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El Tribunal consideró que “los fundamentos expuestos por el representante del Ministerio Público Fiscal para oponerse a la concesión de la suspensión de la probation resultaron razonables, ya que el delito establece una pena mínima de tres años y un máximo de diez años de prisión, por lo que las eventuales penas a imponer comienzan en un quántum que es límite para la concesión de este beneficio, a lo que corresponde adunar que los hechos aquí investigados revisten suma gravedad y, por lo tanto, requerirían de una sentencia judicial para dirimir la función que le cupo a cada uno de los acusados”.

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