La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a Iguacel y pidió a la jueza María Servini de Cubría que “en forma urgente” dicte una medida cautelar por 60 días para evitar la aplicación.

No obstante, el Gobierno ya anunció que no iba a trasladar ese gasto a los consumidores, sino que el dinero lo iba a poner el Estado.

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Paloma Ochoa impulsó la denuncia que de oficio hizo el fiscal Guillermo Marijuan. Ochoa ratificó la calificación que había hecho su colega: abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Agregó también la de fraude en perjuicio de la administración pública, que establece una pena de hasta 6 años. La jueza de la causa es María Servini, quien delegó la investigación en Ochoa.

Ochoa dijo que la resolución “pareciera circunscribirse a asegurar un margen de ganancia de un actor, en un contexto devaluatorio de la moneda nacional que ineludiblemente redundará en el empobrecimiento de la mayoría de los actores de la sociedad argentina”, y sostuvo que esta decisión “excede los meros actos de gestión de políticas públicas y puede tornarse en jurídicopenalmente relevante”.

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