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La Procuración del Tesoro denunció que los reclamos de Burford Capital son "jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y ajenos al objeto del proceso".
Este miércoles, el Gobierno lanzó un pedido formal para frenar el proceso de "discovery" que ordenó el tribunal de Nueva York, en medio de la batalla judicial por la expropiación de YPF.
Crece la tensión entre el Gobierno y Burford Capital por la expropiación de YPF.
Este pedido tiene como objetivo ponerle un límite a Burford Capital, el fondo que reclama el pago de 16.000 millones de dólares más intereses. Desde la Procuración del Tesoro de la Nación fueron tajantes al denunciar la presión de los demandantes: “El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, aseguraron.
La tensión subió al máximo porque Burford ahora exige saber exactamente dónde están las reservas de oro del Banco Central. Ante este pedido, el Gobierno respondió que las reservas son propiedad del BCRA y que "resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.
Además, rechazaron el pedido de que el ministro de Economía, Luis Caputo, tenga que ir a declarar sobre el uso del oro nacional. Según la defensa argentina, los demandantes están usando el proceso judicial como una herramienta de presión política para "poner arena en los engranajes" de la recuperación económica del país.
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Para la Procuración, “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes” y los nuevos reclamos de Burford son “cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.
Mientras tanto, mañana será un día clave con una audiencia ante la jueza Loretta Preska, donde Argentina intentará frenar estos pedidos invasivos y proteger sus activos antes de que el caso siga escalando hacia finales de marzo.