Es la primera vez que el fondo Burford explicita en un escrito judicial su desinterés en quedarse con la petrolera. Lo hizo al presentar sus argumentos ante la Corte de Apelaciones en contra de la suspensión del fallo que ordena a Argentina entregarle acciones de la firma como parte de pago de la sentencia.
El fondo Burford, principal beneficiario de la sentencia de US$16.000 millones por la expropiación de YPF, le informó a la Justicia de Estados Unidos que no tiene interés en tener participación en la petrolera. Lo hizo al presentar sus argumentos ante la Corte de Apelaciones en contra de la suspensión del fallo que ordena a Argentina entregarle acciones de la firma como parte de pago de la sentencia.
En el escrito, además, reclamó que se fije una garantía para que la Argentina pueda apelar la decisión de la jueza de primera instancia Loretta Preska. “Conscientes del riesgo de que la Cámara falle a favor de la Argentina, ahora plantean, alternativamente, que devuelva el expediente a Preska para evaluar algún método de garantía menos oneroso, sin detallar cuál sería”, planteó Sebastián Soler, exprocurador del Tesoro.
El exfuncionario recordó que tras la sentencia de US$16.000 millones en 2023, Burford ya le había pedido a la magistrada que le fijara una garantía a la Argentina para que pudiera apelar el fallo por la expropiación ante los tribunales superiores. Ese expediente se tramita también en la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York.
Soler recordó que en ese momento, los demandantes reclamaron, algo que Preska consideró como razonable, que Argentina pusiera como garantía la mitad de las acciones de YPF en poder del Estado y además cediera los derechos de una supuesta deuda que el Ente Nacional Yacyretá tiene con el país por US$2000 millones y se arrastra de la época de la construcción de la represa binacional.
Es la primera vez que estos demandantes explicitan en un escrito judicial su desinterés en quedarse con YPF, pese a que el caso llegó a la Corte de Apelaciones por los insistentes pedidos que desde 2023 viene haciendo ese fondo de inversión ante Preska para cobrarse la condena.
“No desean administrar una petrolera y buscarán la mejor manera de devolver las acciones. Pero no desean que la Corte de Apelaciones permita al país apelar sin depositar una garantía. Se abre una vía alternativa no contemplada hasta esta madrugada”, consideró Sebastián Maril, de Latam Advisors.
La presentación de los demandantes en rechazo a la solicitud argentina de suspender la entrega de acciones mientras se tramita la apelación a ese fallo de Preska se produjo el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos apoyó a la Argentina ante la Corte de Apelaciones.
En el escrito de “amicus curiae”, el gobierno de la nación norteamericana planteó “su interés en la aplicación correcta de los principios de inmunidad soberana” y que las cuestiones involucradas en el caso“tienen implicancias significativas para la política exterior de los Estados Unidos y pueden afectar el tratamiento recíproco de los EE.UU. y sus bienes en las cortes de otras naciones”.
En el proceso ante el tribunal de alzada, ahora se espera que Argentina presente en esa instancia sus argumentos sobre la importancia de suspender la entrega de acciones mientras se sustancia el proceso. Ese escrito de los abogados argentinos se presentará como máximo el martes 22 de julio. Después de eso, la Corte de Apelaciones estará en condiciones de aceptar o rechazar el planteo de la Argentina.
Si avala el pedido argentino, la orden de Preska quedará sin efecto hasta que se resuelva la apelación contra su sentencia de fondo, que fijó una condena de US$16.100 millones. La Cámara todavía no estableció la fecha de audiencia y no se espera una definición de fondo antes de 2026. En tanto, si el tribunal rechaza el pedido argentino, volverá a regir la orden de entrega de las acciones.