Hubo una reunión con gobernadores patagónicos: se manifestó el compromiso del trabajo conjunto de las fuerzas federales y provinciales en territorios en disputa con la comunidad mapuche.

Una reunión con gobernadores patagónicos en Casa Rosada para obtener un gesto político y el compromiso del trabajo conjunto de las fuerzas federales y provinciales en los territorios en disputa con la comunidad mapuche, la visita de funcionarios al juzgado de Esquel y el rechazo a un presunto encubrimiento oficial a Gendarmería fueron ayer los principales tópicos del gobierno en la agenda proactiva que desde esta semana expone por la desaparición de Santiago Maldonado.

En el oficialismo, no obstante, remarcan que “aunque somos los primeros en querer que aparezca Santiago, el tema se ha politizado demasiado” y que el cambio en la postura oficial respecto al hecho no tiene motivaciones electorales. “El caso no mueve el amperímetro pensando en las elecciones. La gente vota por otras motivaciones”, conjeturó ayer un estrecho colaborador de Mauricio Macri en diálogo con este diario.

Una hora duró la visita de gobernadores patagónicos a Interior para sentar posición sobre el conflicto mapuche y dar apoyo a Gendarmería. El ministro Rogelio Frigerio y su vice, Sebastián García de Luca, recibieron a los gobernadores Alberto Wereltinkek (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén) y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Se les informó lo que viene haciendo Seguridad con la justicia y se analizó la situación regional por la problemática mapuche. Se acordó un trabajo conjunto de las fuerzas”, dijo una fuente gubernamental consultada que leyó “un fuerte gesto político” en momentos en que Gendarmería está cuestionada por los familiares de Maldonado que la acusan de haber secuestrado al joven de 28 años.

Empero, no se hizo presente en Casa Rosada el vicegobernador de Chubut , Mariano Arcioni, oriundo de la provincia donde se llevó a cabo el operativo desalojo de la ruta 40 en el que se vio por última vez a Maldonado, por “problemas de logística”.

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Durante el cónclave se analizó el conflicto mapuche y el accionar en las provincias patagónicas de grupos radicalizados como el RAM. Ninguno de los mandatarios hizo declaraciones ya que se fueron, presurosos, para reunirse con sus pares en la Casa de San Juan para rechazar la entrega de recursos provinciales para el Fondo del Conurbano que demanda Buenos Aires.

Al que sí se lo vio en ese momento transitar por la galería del Patio de las Palmeras, fue a Marcelo Mindlin, dueño de EDENOR y Pampa Energía que este año le compró al primo presidencial Angelo Calcaterra la constructora IECSA. Es que casualmente esta firma integra la UTE que lleva a cabo el Sistema Riachuelo una megaobra de saneamiento que beneficiará a 4 millones de personas de Capital y GBA.“Ya tengo despacho acá”, bromeó el joven ejecutivo al toparse con un funcionario.

Lo cierto es que en el gobierno siguen respaldando a la ministra Bullrich -ayer retomó la iniciativa al subir la recompensa, de $ 500 mil a $ 2 millones (tal como se consigna en nota aparte), para quien aporte datos sobre el paradero del artesano- y destacan la entrevista con el juez Guido Otranto, en Esquel, del titular de DD.HH. Claudio Abruj y otros funcionarios. Puertas afuera no descartan ninguna hipótesis respecto a lo que pasó con Maldonado, como la responsabilidad de un grupo de gendarmes en su desaparición. En charlas informales, en cambio, no observan que haya indicios que fundamenten esa línea investigativa.

Y, en este contexto, el funcionario consultado expresó su malestar con la postura de los organismos de DD.HH. nacionales e internacionales “por la burocratización” de estas causas que generan demandan recursos del estado y deslizó un ánimo “desestabilizante” contra el Ejecutivo al que se suman fuerzas políticas como la izquierda y el kirchnerismo.

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Durante su informe de gestión en el Senado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó ayer que no va a haber ‘ningún encubrimiento’ en caso de que se compruebe la responsabilidad de algún funcionario o gendarme en la desaparición de Santiago Maldonado.

Peña ratificó la postura del Gobierno de ‘mantener durante esa investigación todas las hipótesis abiertas, y dejar claro que no habrá, si se comprueba algún delito por parte de algún miembro del Estado y de alguna fuerza de seguridad, ningún encubrimiento, ni ningún tipo de planteo que obstaculice el trabajo de la Justicia’.

Desde la cartera de Seguridad, en tanto, durante la jornada minimizaron el supuesto informe de inteligencia enviado al juzgado de Esquel: se trata de papeles que le llegaron por un “anónimo” al legislador porteño Gustavo Vera. “Actuó como un funcionario y lo acercó a la Procuvin (depende de la Procuración de Alejandra Gils Carbó), deslizó un colaborador. “Es la justicia quien debe decidir si es verdadero”, apuntó. No obstante, el informe fue rechazado en las últimas horas. Y descartaron que hoy fuerzas federales vayan a allanar el “territorio sagrado” de la comunidad Cushamen en busca de pistas sobre el destino del tatuador: al atardecer se conoció la negativa del juez del caso, Guido Otranto, a autorizar el procedimiento.

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