La Corte Suprema confirmó la condena a 8 años de prisión para Sergio Urribarri

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación de Urribarri, al igual que los recursos de los demás condenados en el expediente, con excepción del planteo de Gustavo Tamay, que fue rechazado por defectos formales. La Fiscalía solicitará la detención de Urribarri, de su exministro de Cultura, Pedro Báez y de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.

Ahora será el tribunal que dictó la condena el encargado de disponer la ejecución de las penas. En el caso de Urribarri, deberá ser buscado en su domicilio de Concordia para quedar detenido. El exgobernador ya había permanecido preso durante 50 días entre noviembre de 2024 y enero de 2025.

Los jueces Rosenkrantz, Lorenzetti, y Horacio Rosatti.

Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. En 2023, el Tribunal de Casación de Entre Ríos confirmó la sentencia.

La causa investigó una serie de maniobras relacionadas con contrataciones y publicidad oficial durante los dos períodos de Urribarri como gobernador, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2015. Según la investigación de la fiscal provincial anticorrupción Cecilia Goyeneche, el exmandatario direccionó contrataciones de publicidad estatal para fines particulares.

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Uno de los principales puntos del expediente fue el supuesto beneficio obtenido por Aguilera, señalado como responsable de manejar un esquema de testaferros y cartelización para quedarse con fondos destinados a publicidad oficial en la vía pública. También se investigó el otorgamiento de pauta a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que la firma tuviera existencia real.

Uribarri está condenado desde 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Otra de las acusaciones estuvo vinculada con las empresas Tep SRL y Next SRL, atribuidas a Aguilera, que durante cinco años se habrían quedado con el negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería. La causa fue conocida como la “causa de la vaca” o “de las imprentas”.

El expediente también incluyó la denominada megacausa del Sueño Entrerriano, vinculada con la difusión de una solicitada contra los fondos buitre, además de la instalación de un parador en Mar del Plata en 2015, que tuvo un costo de $14 millones de entonces.

También se investigó el pago a la productora Nelly Entertainment para difundir tres spots durante la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014. Según la acusación, esas piezas aparentaban promocionar el encuentro internacional, pero tenían como objetivo impulsar la postulación presidencial de Urribarri para 2015.

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Además de Urribarri, Báez y Aguilera fueron condenados a seis años de prisión e inhabilitación. Otros acusados recibieron penas menores de prisión en suspenso, mientras que el tribunal también absolvió a varios imputados. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó posteriormente los recursos de las defensas y el caso llegó a la Corte Suprema.

Urribarri, dirigente cercano al kirchnerismo, fue elegido gobernador de Entre Ríos en 2007 y reelecto en 2011. En 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, fue designado embajador argentino en Israel, cargo al que renunció en mayo de 2022 luego de que se conociera la condena. La causa fue impulsada por Goyeneche, quien posteriormente fue removida de su cargo tras un jury por mal desempeño y luego repuesta por intervención de la Corte Suprema.