Política
El máximo tribunal dejó sin efecto por unanimidad la medida cautelar de la cámara federal de La Plata, que por la mañana había sido avalada por Gils Carbó y frenaba los aumentos de las tarifas en territorio bonaerense
El Gobierno tendrá luz verde para habilitar el tarifazo eléctrico gracias al fallo de la Corte Suprema de Justicia, que este martes decidió rechazar por unanimidad la medida cautelar de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata que había frenado los aumentos.
Unas tres horas pasaron apenas de la postura fijada por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien había dictaminado por avalar el mencionado fallo. El máximo tribunal, ya con sus cinco miembros, lo desestimó, una decisión que le da respiro al Gobierno nacional, que ahora podrá realizar una nueva propuesta.
De este modo, la causa vuelve al juzgado platense del juez Luis Arias por fallas procesales. La cautelar en cuestión hacía lugar al pedido de los diputados bonaerenses del Frente para la Victoria Walter Abarca y Evangelina Ramírez, la Defensoría del Pueblo provincial, el Partido Justicialista y el Club social y Deportivo "12 de octubre".
En uno de sus argumentos, la Corte aseguró que los denunciantes "carecen de legitimación para actuar en representación del colectivo conformado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica" en el ámbito de la provincia.
La Corte solo se expidió en virtud de un caso iniciado en La Plata y si bien hubieron otros fallos que semanas atrás frenaron los aumentos, se prevé que al llegar al más alto tribunal tengan la misma suerte.
"En esta instancia preliminar y urgente, donde aún no se han adoptado medidas ordenatorias del reclamo colectivo vinculado al aumento tarifario de la energía eléctrica y donde todavía el universo de accionantes podría ser alterado, entiendo que corresponde mantener los efectos colectivos otorgados a la medida cautelar", había dicho la procuradora por la mañana.
"Lo que se encuentra en juego es la tutela cautelar del acceso de los usuarios y consumidores al servicio básico de electricidad y, en definitiva, a derechos fundamentales", sostuvo en un dictamen que no es vinculante, y con el cual no coincidió la Corte Suprema de Justicia.
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