La Corte Suprema definió el destino de la causa contra la ex Ministra de Seguridad, por un despliegue de las fuerzas de seguridad el 4 de septiembre de 2024.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi deberá investigar la denuncia presentada contra Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y actualmente senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad vinculados.
Los cargos apuntan a un operativo policial desplegado en los alrededores del Congreso durante una marcha realizada en septiembre de 2024 en favor de los jubilados, indicaron fuentes judiciales
La medida fue tomada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en sintonía con el dictamen de la Procuración General de la Nación, al resolver un conflicto de competencia entre el juzgado federal a cargo de Martínez De Giorgi y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28.
La causa comenzó a partir de una denuncia presentada por el diputado del Frente de Todos, Horacio Pietragalla, quien responsabilizó a Bullrich por el operativo de seguridad realizado el 4 de septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso en el cual “se ejerció violencia contra un grupo de manifestantes”.
En esa jornada, organizaciones sociales y jubilados autoconvocados se movilizaron frente al Congreso en rechazo al veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria y durante la protesta, los manifestantes ocuparon la calzada y las fuerzas de seguridad federales aplicaron el protocolo antipiquetes para liberar la circulación.
La jornada registró incidentes en distintos puntos del Parlamento. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad y el operativo dejó una treintena de personas heridas, entre ellas ocho periodistas. La entonces ministra de Seguridad siguió el desarrollo del operativo desde el centro de monitoreo de su cartera.
El expediente se inició en el juzgado federal de Martínez De Giorgi, quien consideró que el objeto del caso se vinculaba “en última instancia, sobre la validez de la resolución N° 943/2023 del Ministerio de Seguridad -que estableció un protocolo de actuación ante el corte de vías de circulación-” y, por ese motivo, decidió declinar su competencia a favor de un juzgado del fuero ordinario.
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