La discusión por las tarifas no puede avanzar en el Congreso

En rigor, muchos interpretan que el oficialismo ya arrancó hace algunas semanas. En el caso de la oposición, podría interpretarse que lo del miércoles fue el inicio formal de su campaña. En el Congreso, a partir de un disparador como el de los aumentos de tarifas -como en diciembre fue la reforma previsional-, y luego en las calles esa noche con el “ruidazo” y la siguiente con la más politizada “Marcha de las Velas”.

En la Cámara de Diputados la oposición se unió para castigar al gobierno, aunque a falta de un diputado no le alcanzó para tener quórum. Se la agarraron con el pintoresco Alfredo Olmedo, hoy aliado de Cambiemos, para no tener que emprenderla contra los propios, pues hubo 21 opositores que no llegaron a la cita. Igual, después hicieron más de cinco horas de catarsis en la sesión en minoría en la que pudieron decir lo que quisieron del gobierno sin que nadie les contestara ni interrumpiera. En ese contexto se lo pudo escuchar al ex ministro de Economía Axel Kicillof negar enfáticamente que durante su gobierno hubiera habido una “crisis energética”. “Es un bolazo”, descartó.

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Fue más de lo que hubieran podido hacer de haber tenido quórum, pues en ese caso de inmediato se hubieran poblado las bancas oficialistas y de entrada los impulsores de la sesión deberían haber puesto a consideración los proyectos a debatir, que al no contar con dictamen de comisión necesitaban la anuencia de los 2/3 de los presentes. No llegaban: los 108 diputados de Cambiemos alcanzan para impedirlo. Conclusión: ahí se acababa la sesión.

La oposición anunció que insistirá todos los miércoles, y desde el oficialismo alguno ya hizo saber que están dispuestos a dar el debate. Pero está dicho que sin 2/3 no hay debate. En ese marco se abrió una grieta en la oposición, pues mientras los más duros insistirán con las sesiones especiales, el peronismo de los gobernadores y el massismo -que comenzaron a funcionar oficialmente en tándem ese miércoles fundacional- van por un camino más lógico, que es el de buscar el tratamiento en comisión de su propio proyecto. Para eso convocaron para el martes a un plenario para dar dictamen a un proyecto más racional que los del resto de la oposición, que retrotrae los valores tarifarios a noviembre pasado y pone límite salarial a los incrementos, entre otras cosas. Convocaron a las comisiones de Obras Públicas y de Defensa del Consumidor, que presiden Sergio Ziliotto (Justicialista) y Marcela Passo (FR), pero inexorablemente un proyecto de ese tipo debería tener como cabecera a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Luciano Laspina, y que nunca va a convocarla para ese tema. Ergo, ese camino está vallado, al menos a corto plazo.

En el Senado el bloque de Pichetto avisó que si no avanza el proyecto en Diputados, ellos empujarán en esa Cámara uno similar, presentado el jueves. El miércoles votaron darle preferencia a otro de Cristina Fernández de Kirchner, que es más duro que el de los K de Diputados, pues retrotrae las tarifas al 1º de enero de 2017, cuando el de Agustín Rossi se limita a este año. Obviamente no avanzará el de Cristina en el Senado, pero podría hacerlo el del interbloque Argentina Federal, pues en esa Cámara Cambiemos no tiene número para abortar nada, a pesar de ser desde el miércoles pasado primera minoría, tras pasarse Silvina García Larraburu del bloque Justicialista al de Cristina. Inédito desde la recuperación de la democracia: nunca el peronismo había perdido la supremacía en el Senado.

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Más allá del batifondo que ha generado el tema tarifario, no hay riesgos de que al oficialismo le pase en el Congreso como con Ganancias, cuando el tema se le fue de las manos. Igual, lamenta haber perdido otra vez el manejo de la agenda. El gobierno lo vive como un deja vu, pues creía haber enterrado los cuestionamientos políticos a los aumentos tarifarios cuando se avino a cumplir el fallo de la Corte de 2016. Por el contrario, hoy siente que la oposición ha recogido el tema para “esmerilarlo” y descuenta que en cualquier momento algún juez hará lugar a un amparo para frenar las subas.

En el gobierno recuerdan que los aumentos están en el Presupuesto 2018, afirman que se cumple lo establecido por el Tribunal Superior y de ahí imaginan que todo eso solo generará “ruido”, pero no va a prosperar. Además, se curó en salud dando curso a las disidencias internas que establecieron el pago en cuotas de las facturas del gas. Esos cuestionamientos de los propios llegaron a ser tildados como una suerte de crisis, aunque no faltan los que se van al otro extremo imaginando una suerte de puesta en escena. En rigor, Elisa Carrió hacía tiempo que venía insistiendo con críticas de orden eminentemente político. Medida, pero insistente, ya había alertado que los aumentos de tarifas impactan en el centro de la masa electoral de Cambiemos y sugería volver a atender a esa clase media. Los radicales, por su parte, han visto que mal no le ha ido a Carrió exteriorizando sus diferencias, y el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, venía buscando un elemento diferenciador de su antecesor José Manuel Corral, de modo tal de que la UCR pueda plantarse en un plano más conveniente de cara al año electoral.

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Como sea, la catarsis interna ofició de válvula de escape para mostrar cierta flexibilidad de parte del gobierno. Y por una vez la marcha atrás (módica) del Ejecutivo fue a instancias de los propios y no del peronismo dialoguista. Pero como quedó claro en las reuniones celebradas el jueves en la Casa Rosada, de las que participaron los aliados, Macri, Aranguren y Marcos Peña, la recomposición tarifaria no es algo en lo que el gobierno tenga previsto ceder. Fundamentalmente por cuestiones fiscales: el gradualismo no deja mucho espacio para reducir gastos, un camino inexorable para bajar la inflación y no seguir tomando deuda.

“Hay una rigidez muy grande”, reconoció ante este medio un funcionario de Hacienda, que habló de un 70% “intocable”. Veamos: el 52% está destinado a prestaciones sociales (45% jubilaciones y pensiones y 7% a asignaciones y otros programas) y un 17% va a gastos de funcionamiento del Estado y salarios. Las transferencias a las provincias suman un 2%, y los pagos de intereses de deuda son un 9%. Los subsidios económicos representan un 7% del Presupuesto, un punto menos que en 2017. Eso es lo que el gobierno entiende que puede reducir y que mueve el amperímetro. No quiere tocar, por ejemplo, obra pública, un caballito de batalla de esta administración.

Por eso no es viable tampoco un recorte de la masa impositiva que incluyen los servicios públicos. “Sería desvestir un santo para vestir otro”, sugirió ante este medio un funcionario, que se pregunta si los gobernadores estarán dispuestos a ceder la parte que les corresponde en materia de impuestos, tal cual sugiere el proyecto de los legisladores que les responden.

Pero también hay factores extras que influyen en la obsesión oficial de no alterar el esquema tarifario: sería un muy mal mensaje alterar las reglas ya establecidas, sostienen cerca del Presidente, atentos a los malos precedentes que la Argentina tiene en materia de seguridad jurídica. Asimismo remarcan que es en el área energética donde se han producido las mayores inversiones de la era Macri, y en consecuencia es una de las grandes apuestas de esta administración.

La pregunta que muchos en el propio oficialismo hoy se hacen es si el tiempo que media hasta las elecciones será suficiente para licuar todo este “ruido” que afecta al gobierno y, sobre todo, al votante de Cambiemos. Ante ello, con frialdad y cierta resignación, la respuesta oficial es que “frente a las tarifas altas, la medida más eficaz es el ahorro, y eso les corresponde a los usuarios”.

Vuelve a escena -otra vez- la “herencia” del populismo: en los últimos años, la carga de los servicios representaba un 1% de los salarios promedio; hoy eso llega al 8%, como en los 90. Pero en la región, donde el ahorro es grande en relación a nuestro país, suma el 9%.