Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron este viernes ante el Tribunal Federal Oral 2 el pedido formal para que le concedan a su defendida el beneficio de la prisión domiciliaria por razones de seguridad, de edad y ausencia de riesgo de fuga.
Luego de que el juez Jorge Gorini decidiera postergar las vacaciones que tenía previstas para la semana que viene, el titular del Tribunal Federal Oral 2 tiene todo listo para poder revisar la información que este jueves recibió en su despacho. El texto en cuestión es el informe socio ambiental encomendado a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal sobre el departamento 2D de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner pidió cumplir la condena de seis años que le fue impuesta en el marco de la Causa Vialidad.
En principio, según trascendió, no habría ninguna dificultad para que allí se implemente un arresto domiciliario. La inspección sobre el inmueble en el que actualmente reside la expresidenta incluyó una descripción de las inmediaciones, del barrio en general y de la actividad vehicular y peatonal de la zona.
También se había pedido las características de las viviendas lindantes y cualquier otro dato que se “estime de relevancia a los fines de poder valorar el cumplimiento de arresto bajo la modalidad domiciliaria en dicho lugar”. El departamento es propiedad de la inmobiliaria Los Sauces SA, la empresa de la familia Kirchner investigada por lavado de dinero.
Los abogados defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron este viernes ante el Tribunal Federal Oral 2 el pedido formal para que le concedan a la expresidenta el beneficio de la prisión domiciliaria por razones de seguridad, de edad y ausencia de riesgo de fuga.
Al mismo tiempo, solicitaron que “durante el tiempo que demande el trámite de resolución de esta incidencia la prisión de Cristina Fernández de Kirchner se efectivice provisoriamente bajo la modalidad” de detención domiciliaria en la vivienda ubicada en San José 1111, 2°D, sitio donde actualmente reside.
La elección de ese domicilio en particular tiene que ver, “entre otros motivos, en la conveniencia de fijar un domicilio dentro del ámbito de competencia territorial del Tribunal” para “facilitar cualquier medida de contralor que pueda ser ordenada en lo que se refiere al cumplimiento de la pena impuesta”.
Los letrados advirtieron que en caso de que denieguen la solicitud, acudirán ante la Corte Suprema y los organismos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos. En lo jurídico, los abogados argumentaron que la Convención Americana de Derechos Humanos y las denominadas “Reglas de Mandela” asisten el derecho de toda persona privada de su libertad a recibir un trato digno y humanitario.
Por un lado, remarcaron que Cristina Kirchner supera los 70 años de edad y recordaron que la ley nacional y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores presumen "un mayor grado de vulnerabilidad que conduce a que las personas que se encuentran en dicha franja etaria cumplan su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria”.
Al margen del factor de la edad, Beraldi y Llernovoy indicaron que la prisión domiciliaria resulta de “adecuación razonable y necesaria” en este caso por razones de estricta seguridad. El hecho de haber sido presidenta de la Nación hace que por la propia naturaleza del cargo que desempeñó, Cristina Kirchner haya tenido acceso a “información de carácter secreto o bien confidencial” de Estado, por lo que “la custodia de los exmandatarios constituye una cuestión de interés institucional”.
Por otra parte, recordaron que “durante la sustanciación de la etapa final de la audiencia de debate celebrada en el presente proceso nuestra defendida fue víctima de un intento de homicidio”, que no se consumó “por circunstancias absolutamente fortuitas”.
Al respecto, indicaron que “si bien los autores materiales de la maniobra actualmente están siendo juzgados ante el Tribunal Oral competente”, la Justicia no ha avanzado sobre los “autores intelectuales”, quienes se encuentran “libres” y representan un peligro para la seguridad de Cristina Kirchner.