La Justicia dispuso ampliar testimoniales de varios diputados que habrían sido objeto de presiones para beneficiar a la empresa Phillip Morris.

El juez federal Ariel Lijo decidió ampliar las declaraciones testimoniales de varios legisladores nacionales, en especial al diputado misionero Héctor “Cacho” Bárbaro, por supuesto lobby reiterado a favor de la tabacalera Philip Morris y su rol en la aprobación de la denominada “Ley Massalin”, en 2017, que beneficio a dicha multinacional en detrimento de todo el resto del sector.

Massalin enfrenta una investigación judicial por defraudación al Estado, cohecho, enriquecimiento ilícito y estafa procesal. El juez Ariel Lijo investiga la denuncia presentada por Tabacalera Sarandí que pretende demostrar que directivos de Massalin Particulares , encabezados por su vicepresidente ejecutivo, Matías O’Farrell, habrían ejercido fuertes presiones, en varios encuentros, sobre funcionarios de AFIP con el fin de perjudicar y provocar el cierre definitivo de la empresa nacional.

Precisamente, la justicia libró un oficio a la subsecretaría de Política Tributaria para que dé información más exhaustiva sobre esos encuentros.

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Una reunión de 23 legisladores y dirigentes tabacaleros

Asimismo, desde la Cámara de Diputados de la Nación se informó recientemente al juez Lijo que el 4 de mayo de 2022, a instancias del diputado Bárbaro, se realizó una reunión por afuera de la agenda parlamentaria en la que participaron 4 senadores, 23 diputados y algunos representantes de Cámaras tabacaleras y cooperativas de Misiones, Salta, Tucumán, Jujuy y cuyo objeto principal era conversar sobre un determinado grupo de Empresas nacionales cigarreras.

Cuatro meses después de esa reunión, se denunció que Bárbaro encabezó y organizó varias movilizaciones de agricultores tabacaleros de las provincias del NEA y NOA, en Buenos Aires, en contra del juez Lavie Pico y Empresas Pyme tabacaleras argentinas.

La Unión Tabacalera Pymes Argentina (Untapya) a través de su presidente, Osvaldo Trillo, acusó al diputado Bárbaro "de atacar y apretar jueces", alentar en contra de las decisiones de la Justicia y de utilizar el Congreso para prácticas absolutamente inconstitucionales y anti-republicanas.

Nota: se presume la inocencia de todos los denunciados hasta tanto la Justicia emita una sentencia firme.

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