El organismo que preside Laura Alonso hizo foco en la senadora Cristina Kirchner, al resaltar que la ex presidenta se encontraba "en la cúspide" de la supuesta "estructura delictiva".

La Oficina Anticorrupción (OA) presentó un escrito ante el Juzgado Federal de Claudio Bonadio en la causa por los cuadernos de las coimas durante el kirchnerismo y solicitó ser considerada como parte querellante.

En la presentación, el organismo que preside Laura Alonso hizo foco especialmente en la senadora Cristina Kirchner, al resaltar que la ex presidenta se encontraba “en la cúspide” de la supuesta “estructura delictiva” reportada por el remisero Oscar Centeno en sus cuadernos.

La OA remarcó que después de mayo de 2003 y hasta diciembre de 2015 “habría existido un acuerdo de voluntades direccionado a crear y mantener una organización liderada por quienes estaban investidos como los máximos responsables de la administración del país, para que mediante un mecanismo ordenado, sistemático, sustentado en el tiempo (...) fluyeran pagos de dinero, que se sabían corruptos”, de parte empresas beneficiarias de contratos públicos.

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El organismo que depende del Ministerio de Justicia también subrayó que durante la Presidencia de Cristina Kirchner “se registra la mayor actividad de la organización”, mientras que con un rol decisivo aparece también el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, hoy preso por otra causa, también vinculada con supuestos actos de corrupción.

Ambos, de acuerdo con el organismo, “idearon cómo serían las distintas modalidades delictivas que le permitieron operar, con casi absoluta impunidad, a toda esta red corrupta desde el Estado Nacional, reclutando a otros sujetos, funcionarios y no funcionarios, que participarían activamente en las actividades ilícitas”. El mismo comunicado, la OA señaló que “existen elementos que acreditarían que parte del dinero que se pagó provenía de contratos con presupuestos sobredimensionados y que al inicio de la obra o contrato se hacían adelantos financieros”.

En su escrito, el organismo también consideró que quienes pagaban “participaban de una maniobra en la que colaboraban para que los ex funcionarios públicos pudieran saquear las arcas del Estado nacional camuflándola en pagos a contratistas”.

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