Los bloques peronistas de la Cámara de Diputados buscarán el miércoles aprobar el proyecto de "Emergencia tarifaria", pese al anticipo del gobierno sobre la posibilidad de vetar la iniciativa.

Los bloques peronistas de la Cámara de Diputados buscarán el próximo miércoles aprobar el proyecto de “Emergencia tarifaria” tras el fracaso de hace dos semanas, cuando no reunieron la mayoría especial requerida para tratarlo, pese al anticipo del gobierno sobre la posibilidad de vetar la iniciativa debido “al alto costo fiscal que implica”.

El del miércoles será el tercer intento por abordar el proyecto que busca atenuar las tarifas de los servicios públicos, luego de fracasar, hace tres semanas, en su intento por reunir quórum (le faltó un diputado) y de no conseguir hace diez días la mayoría de los dos tercios para aprobar los proyectos.

En la sesión del próximo miércoles, no será necesaria esa mayoría especial porque hace cuatro días la oposición consiguió el dictamen de la comisión de Presupuesto, que le habilitó el tratamiento en el recinto con mayoría simple.

La convocatoria opositora, solicitada para las 12 por el Frente Renovador, por Argentina Federal (Justicialismo) y por el Movimiento Evita, debe reunir primero el quórum de 129 diputados, objetivo que habían superado sin dificultades en la sesión del 25 de abril.

De contar con esos mismos diputados, la oposición no tendría problemas para darle media sanción al proyecto, aunque están alertas por las declaraciones realizadas en los últimos días por algunos gobernadores relativizando las facultades del Congreso para legislar sobre la política tarifaria.

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Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Hugo Passalacqua (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Juan Manzur (Tucumán), se expresaron en ese sentido y generaron entusiasmo en el gobierno y cautela en la oposición.

Entre todos suman unos quince diputados que hasta hace dos semanas participaron de la embestida opositora, y que ahora son mirados atentamente por los líderes de ese grupo: saben que no votarán en contra de los proyectos, pero temen que no den quórum o que se ausenten al momento de la votación.

Desde el gobierno, en tanto, confían en la influencia de los gobernadores sobre los diputados de sus provincias, sin desconocer que por los posicionamientos internos de cara al 2019, entre otros factores, en muchos casos no se da una relación de verticalismo entre mandatarios provinciales y legisladores.

Como una primera muestra, el miércoles pasado, cuando se firmó el dictamen del proyecto en la comisión de Presupuesto, el cordobés Martín Llaylora y el entrerriano Jose Bahillo lo hicieron en disidencia parcial; y el misionero Jorge Franco, no firmó ninguno de los dictámenes, ni el opositor, ni el oficialista, que establece el rechazo.

En el Poder Ejecutivo y en la oposición también aguardan y trabajan sobre el papel que tendrán los diputados que representan al oficialismo santiagueño: de los seis que integran la bancada, en las últimas votaciones sensibles dividieron su fuerza entre las posturas del oficialismo y de la oposición, y apelando a las ausencias parciales como principal estrategia.

El proyecto opositor sobre tarifas determina que la suba de las mismas no pueda superar al alza de los salarios y establece una rebaja el IVA en las facturas del 21 por ciento al 10,5 por ciento.

Justamente, este último punto, que indirectamente afecta a los estados provinciales, podría ser atenuado o eliminado por los autores del proyecto (el peronista Diego Bossio y el massista Marco Lavagna) para retener los apoyos de los diputados de esas provincias.

La oposición ratificó el llamado a la sesión especial horas después de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, calificara al texto como “un proyecto como irresponsable que pretenden modificar la política tarifaria desde el Congreso”, que “tendría un costo de 200 mil millones de pesos” y que consiste en “presiones demagógicas”.

En el mismo sentido, el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, advirtió que el dictamen de “emergencia tarifaria” impulsado por la mayoría del arco opositor “no solo dinamita al Estado nacional, sino que desfinancia a las provincias al reducir el IVA, que es coparticipable”.

Negri precisó que “entre todas (las provincias), deberán afrontar un costo fiscal de 25.500 millones de pesos” adicionales entre 2018 y 2019, discriminado en 11.900 millones este año y 13.600 el próximo.

En el temario propuesto, la oposición también incluyó el proyecto de modificación del mercado de capitales, más conocido como de “Financiamiento Productivo”, una iniciativa que el oficialismo busca debatir desde hace un mes y que se fue postergando por la controversia que generó en cada sesión el tema de las tarifas.

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