Ley de Glaciares: LLA fija cupos para las audiencias y rechazar el debate

Las audiencias se realizarán los días 25 y 26 de marzo en el marco del plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. Pese a los reclamos de bloques opositores para extender la cantidad de jornadas, el bloque de La Libertad Avanza decidió sostener las fechas fijadas y avanzar con el esquema aprobado en la reunión conjunta de comisión.

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De acuerdo con el mecanismo definido, alrededor de un centenar de oradores podrán exponer de manera presencial durante la primera jornada, mientras que otro grupo similar lo hará en forma remota durante el segundo día. Quienes no queden dentro de ese cupo podrán enviar sus presentaciones por escrito o subir un video de hasta cinco minutos, que será incorporado al expediente legislativo.

La resolución fue firmada por los presidentes de las comisiones, José Peluc y Nicolás Mayoraz, y establece que tendrán prioridad los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos del país, con el objetivo de garantizar representación federal en el debate.

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Desde sectores de la oposición, especialmente del peronismo, la izquierda y bloques provinciales, anticiparon que rechazarán la modalidad definida y volverán a reclamar que se amplíen las audiencias. Estos espacios cuestionan la reforma impulsada por el oficialismo y por gobernadores aliados, que buscan modificar la normativa para facilitar inversiones vinculadas a la actividad minera.

En el oficialismo sostienen que el criterio adoptado responde a cuestiones organizativas y reglamentarias. Según explicaron las fuentes, el procedimiento se ampara en el reglamento de la Cámara de Diputados y en el plan de trabajo aprobado por las comisiones, que habilita a fijar límites cuando la cantidad de inscriptos hace imposible que todos puedan exponer dentro de un plazo razonable.

También remarcan que todas las presentaciones, ya sean presenciales, virtuales o escritas, serán incorporadas como antecedentes del debate legislativo. El objetivo es que la audiencia pública se desarrolle de manera ordenada sin afectar el funcionamiento habitual del Congreso.

El debate por la reforma de la ley de Glaciares genera fuerte tensión política, ya que un grupo de gobernadores impulsa cambios para facilitar inversiones mineras, mientras que la oposición advierte sobre posibles riesgos ambientales y reclama un tratamiento más amplio antes de avanzar con el dictamen.

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