El proyecto será debatido el próximo miércoles en el recinto de Diputados. Algunos bloques dialoguistas expresaron su rechazo al capítulo 7, que necesita una mayoría especial de 129 votos para su aprobación.
El oficialismo tiene los votos para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, más conocido como Ley Malvinas, aunque uno de sus capítulos clave corre peligro por la resistencia de sectores dialoguistas. La iniciativa será debatida el miércoles 18 de noviembre en el recinto de Diputados.
Los legisladores de La Libertad Avanza intentaron alinear días atrás a sus aliados en un encuentro a puertas cerradas en el Salón de Honor, y se llevaron reacciones diversas: el PRO y la UCR se comprometieron a apoyar el texto con o sin modificaciones, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y hasta la monobloquista radical Karina Banfi exigieron cambios profundos en el capítulo 7 a cambio de los votos. Hasta ahora, el oficialismo sólo prometió retoques menores, lo que maximiza el riesgo de que el capítulo entero sea guillotinado en la votación en particular.
Una vez que se vote el proyecto en general, se pasará al desglose por capítulos y el 7, en particular, necesita una mayoría especial de 129 votos para su aprobación porque propone cambios en el Código Electoral y el Código Penal. Esa cantidad de votos no está garantizada y, por eso, no se descarta que el Gobierno acepte a último momento quitar el capítulo para aglutinar amplio apoyo en torno al núcleo duro de sanciones a petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
La sesión, prevista para este miércoles desde las 12 del mediodía, también incluye en el temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de delitos de menores y de los delitos contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio –AELC– y el Mercado Común del Sur –Mercosur–, y la enmienda al Protocolo de Montevideo.
Ese punto del proyecto prevé prevé multas importantes a extranjeros sin residencia permanente en el país y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. Además, crea tipos penales vinculados a la "injerencia extranjera". Por caso, propone penas de prisión por "facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación”.
También dispone penas de prisión por poner los secretos a disposición de un Estado o servicio de inteligencia extranjero; y por proporcionar ayuda a operaciones clandestinas de inteligencia por cuenta de un Estado extranjero. Se prohíbe la organización, financiación y ejecución de "campañas de injerencia extranjera" y de "actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes".
A raíz de la lluvia de críticas que recibió en su momento el proyecto, el Gobierno aceptó dejar afuera de cualquier tipo de persecución penal o económica a "la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica" y "la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable".
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