“Nos corren por derecha y por izquierda”, dijo un funcionario de Casa Rosada al observar en una de las pantallas de su despacho uno de los tantos piquetes sobre la avenida 9 de Julio.
Tras el gaffe del protocolo antipiquete, en el gobierno apuntan a que sea la administración de Horacio Rodríguez Larreta la que decida liberar el tránsito ante cualquier protesta. No obstante, en el ministerio de Seguridad porteño no están convencidos de ordenar a la flamante Policía de la Ciudad para tamaña decisión: no quieren quedar pegados ante una eventual represión.
Otra vez el Metrobus alrededor del Obelisco tuvo que interrumpir su servicio por una movilización de agrupaciones sociales. En Casa Rosada saben que gran parte de sus votantes porteños no quieren ver más piquetes pero, por otra parte, ante la imposibilidad de aplicar el protocolo antipiquete que imaginó la ministra Patricia Bullrich por el contexto político, trasladan esa responsabilidad a las autoridades porteñas.
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Sin embargo, cerca del ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo, no creen conveniente enviar la Infantería para despejar las calles y apuestan al diálogo para intentar terminar con las protestas callejeras. Hace unos días integrantes del gabinete nacional se refirieron a los piquetes y apuntaron al gobierno porteño como el garante del libre tránsito en las arterias de la Ciudad.
Lo cierto es que no hay acuerdo entre ambas jurisdicciones para abocarse al tema. Con el contexto social actual, nadie quiere encender la mecha y hacerse cargo de la eventual foto de una represión en la calle.
Al levantar el corte, Fernando Gómez, uno de los referentes del Frente del Trabajo y la Dignidad que lleva el nombre de la dirigente social jujeña de la Túpac Amaru, Milagro Sala, remarcó que las organizaciones se retiraron “insatisfechas” a pesar del acuerdo logrado y anunció que “se analizarán nuevas medidas”.
Desde ese movimiento social señalaron que lograron “un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social en el que le van a entregar alimentos para los comedores y 4.000 cupos para programas de empleo”, aunque esa cartera no confirmó esta versión.
Durante la previa de la reunión, el referente Fetraes e integrante de la Gráfica recuperada Patricios afirmó: “La ley de emergencia social y la conformación de un Consejo de la Economía Popular implican burocratizar la miseria. Acá no hay emergencia social que pueda contener las consecuencias de una política económica que cada día arroja a la desocupación a cientos de compatriotas”, agregó.
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