Malvinas: tres gigantes petroleros anunciaron que no participarán de proyectos

SLB, una de las mayores empresas globales de servicios petroleros, Baker Hughes, uno de los principales proveedores de tecnología para el gigante energético británico BP, y Halliburton, firma estadounidense con gran presencia en Vaca Muerta, comunicaron este sábado que no participarán en proyectos de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Ninguna de estas tres compañías están vinculadas con el proyecto Sea Lion, un yacimiento ubicado en la cuenca norte del archipiélago y operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

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Cumplimiento de la norma

SLB, fundada en París, con sede en Estados Unidos y operaciones en alrededor de 100 países, explicó que su posición responde a lo dispuesto por el decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

“SLB informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”, señaló la compañía.

La firma agregó que “reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

En la misma línea se pronunció Baker Hughes Argentina S.R.L. La multinacional informó que, en cumplimiento del decreto firmado por Milei, “no participa ni tiene previsto participar” en licitaciones para prestar servicios a emprendimientos hidrocarburíferos en las Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.

La compañía destacó además su compromiso con la normativa vigente en la Argentina y recordó que mantiene desde hace más de 70 años una vinculación con el desarrollo de la industria energética nacional.

En la misma línea, Halliburton, una de las principales empresas globales de servicios para la industria petrolera, aseguró que respeta “la soberanía de la República Argentina” y reafirmó su compromiso con el país y con el desarrollo responsable del sector energético.

La compañía estadounidense aclaró que no participa del proyecto Sea Lion ni de ninguna actividad de exploración o producción relacionada con las Islas Malvinas y señaló que desarrolla sus operaciones “en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina”.

Las medidas del Gobierno

Los anuncios se producen después de que el Gobierno avanzara con una serie de medidas destinadas a reforzar los controles sobre las compañías relacionadas con la explotación de recursos en las islas. El decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció un procedimiento más rápido para investigar y eventualmente sancionar a personas y empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

La normativa alcanza a los espacios marítimos vinculados con las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Entre otros puntos, dispone que los organismos públicos deberán comunicar posibles infracciones dentro de un plazo de cinco días hábiles. Una vez iniciado el sumario, los investigados contarán con diez días para realizar su descargo.

Paralelamente, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos, entre personas y empresas, por su presunta participación en actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.

Contra accionistas

La Casa Rosada advirtió que las investigaciones no se limitarán a las empresas que desarrollen directamente esas tareas, sino que también podrán alcanzar a sus accionistas y a compañías que les brinden servicios para concretarlas.

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho”, sostuvo el Gobierno al anunciar las medidas.

El Ejecutivo aseguró además que el objetivo es enviar “un mensaje claro hacia el mundo” respecto de la posición argentina sobre el archipiélago y advirtió que quienes busquen obtener beneficios económicos mediante actividades que considere contrarias a su soberanía enfrentarán las sanciones previstas por la legislación nacional.

Las decisiones comunicadas ahora por SLB y Baker Hughes representan las primeras repercusiones empresariales conocidas luego de la entrada en vigencia del nuevo esquema impulsado por el Gobierno para endurecer los controles sobre las actividades hidrocarburíferas en torno a las Islas Malvinas.