La diputada solicitó que el jefe de Gabinete sea apresado por haber intentado, presuntamente, tergiversar la declaración del contratista que refaccionó la casa del country.
La diputada nacional Marcela Pagano pidió la detención del jefe de Gabinete Manuel Adorni, a quien acusa de haber presionado a un testigo mediante mensajes de WhatsApp y de ofrecerle beneficios a cambio de modificar su declaración, en el marco de su denuncia por enriquecimiento ilícito.
Según la presentación, estos hechos constituirían un intento de entorpecer la investigación judicial, por lo que reclamó al juez Ariel Lijo la aplicación de la llamada “doctrina Irurzun”.
La doctrina "Irurzun" es es un criterio judicial argentino que justifica la prisión preventiva de exfuncionarios o personas con poder si se presume que sus lazos funcionales o "relaciones residuales" pueden entorpecer la investigación penal.
El planteo se suma a otras denuncias previas en el marco de una causa que ya investiga posibles irregularidades patrimoniales del funcionario. En ese sentido, lo acusa de haber contactado a un testigo clave, el contratista Matías Tabar, antes de que declarara bajo juramento.
Según la denuncia, Adorni le habría ofrecido “ayuda” y el contacto de su “equipo”, además de que se habrían borrado mensajes de WhatsApp vinculados a ese intercambio.
“Acabo de solicitar la detención de @madorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina IRURZUN”, escribió Pagano en su cuenta de X.
“Que por el presente vengo a solicitar la inmediata detención del imputado MANUEL ADORNI, actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en los términos de los arts. 280, 281, 282 y 283 del CPPN y, supletoriamente, arts. 210, 218 y 222 del CPPF, por verificarse en autos un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente, concretado en una conducta autónomamente típica desplegada por el imputado el día 4 de mayo de 2026, consistente en haber contactado al testigo MATÍAS TABAR inmediatamente antes de su declaración testimonial bajo juramento, ofreciéndole ‘ayuda’ y/o el contacto de su ‘equipo’, además de procurar el borrado de los mensajes de WhatsApp intercambiados con el contratista”, encabeza la denuncia de la diputada.
Y agrega: “El pedido se funda asimismo en la aplicación a fortiori (analogía in malam partem procesal admisible por tratarse de medida cautelar y no de tipificación penal sustantiva) de la doctrina sentada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en el voto del Dr. Martín Irurzun en autos ‘DE VIDO, Julio Miguel s/ procesamiento con prisión preventiva’ (resolución del 26 de octubre de 2017), conocida como ‘doctrina Irurzun’, según se desarrollará”.
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