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Mauricio Macri inauguró este miércoles en Tucumán un nuevo Espacio de Primera Infancia (EPI) construido con el dinero decomisado que en 2007 intentó ingresar ilegalmente al país el venezolano Guido Antonini Wilson.“Se comenzó una revolución en la educación pública”, aseguró el Presidente en el acto de inauguración.

“Hay o millones de alumnos con herramientas digitales”, agregó Macri y luego sostuvo que: “Argentina tiene futuro si seguimos juntos”.

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En el acto estuvieron Elisa Carrio, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y otros dirigentes del oficialismo.

Se trata del EPI Estrellita de la Nueva Esperanza, en Tafí Viejo, cuya obra se levantó en un predio cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), financiada con partidas específicas que fueron puestas a disposición del Estado Nacional por la Justicia, en el marco de la causa caratulada “Antonini Wilson, Guido Alejandro s/ infracción Ley Nº 22.415”.

Según informaron desde el Gobierno, allí se atenderá a cerca de 200 niños (entre 45 días y 1 año de edad) que recibirán abordaje y cuidado integral en dos turnos (mañana y tarde), en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia que lanzó el presidente Macri en 2016.

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El Caso Antonini

En agosto de 2007, el empresario venezolano Guido Antonini Wilson arribó a la Argentina con US$790.550 dólares sin declarar en una valija.

El empresario dejó el país y nunca pudo ser extraditado, pero enfrentó diferentes causas en Estados Unidos y quedó en libertad cuando se convirtió en colaborador del FBI; sin embargo, empresarios y agentes venezolanos vinculados al episodio de la valija fueron condenados y cumplen prisión en ese país.

En julio último la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento en esa causa del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, entre otros funcionarios.

Quedaron imputados por el supuesto intento de "recepción de dinero con el fin de aplicarlo a una operación de lavado de activos” y en el procesamiento se sostuvo que el dinero tendría como destino “la financiación de campañas políticas y/o el enriquecimiento de funcionarios públicos".

En 2016 se resolvió decomisar el dinero en favor del Estado Nacional con fines sociales reparatorios y ponerlo a disposición de Jefatura de Gabinete.

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