Michetti asegura que Macri no sabía del acuerdo con Correo Argentino

La Vicepresidenta se refirió así al conflicto generado a partir del acuerdo para que el Estado cobre una deuda que desde 2001 tiene esa firma, propiedad del conglomerado empresarial perteneciente a Franco Macri, padre del Presidente.

Michetti sostuvo que “el nivel de sensibilidad es muy alto” y en ese marco es “razonable que la Oficina Anticorrupción -para que no queden dudas- intervenga” y “que la Justicia lo revise”.

“Nadie se va a meter, todo lo que se quiera investigar, que se haga”, destacó la presidenta del Senado en declaraciones a Radio Nacional, al tiempo que subrayó que no deben “caber dudas” de que el Gobierno “busca procesos transparentes”.

Michetti instó además a “no creer que el Presidente sabía” del acuerdo que se llevó a cabo a través del Ministerio de Comunicaciones y, al respecto, abundó: “En ninguna de las reuniones en las que estuve presente, nunca jamás, se habló de este tema”.

Para la Vicepresidenta, la negociación por la deuda que el grupo empresarial tenía con el Estado por la concesión del Correo “es un proceso que se da en un marco del Poder Judicial”.

En ese marco, aseguró que el acuerdo “no se hizo a escondidas ni en negociaciones que estaban hechas por funcionarios con empresarios” e incluso señaló que forma parte de “una diligencia judicial que incluyó a más de 600 acreedores” de esa empresa.

“La administración que está siendo investigada se pone a disposición de la Justicia. Es un cambio que logró la sociedad”, ponderó Michetti, quien intentó así marcar una diferencia entre Cambiemos y el kirchnerismo.

El último viernes, la Oficina Anticorrupción (OA) anunció que empezó a analizar el acuerdo entre el Estado y Correo Argentino para “emitir una recomendación” o realizar “aportes” a la Justicia en la investigación del caso.

Al mismo tiempo, se abrió una investigación penal en la Justicia Federal a partir de cuatro denuncias presentadas contra el Gobierno y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), por su parte, inició otra una por la vía administrativa. La controversia se desató luego de que la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, presentara una serie de dictámenes en los que sostuvo que el acuerdo “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusivo”.

La fiscal entiende que se realizó una quita del 98,8 por ciento sobre el total de la deuda y abrió así una discusión en torno a si deben calcularse o no los intereses cuando ha tenido lugar una quiebra, de acuerdo a la legislación vigente.