Antes de volver al país, el presidente Javier Milei se reunió con empresarios en Madrid, donde promocionó su programa de reformas estructurales.
Antes de regresar a la Argentina, el presidente Javier Milei culminó este sábado su gira internacional más extensa con una reunión de alto perfil con una decena de empresarios líderes en Madrid. El encuentro, calificado como “estratégico” por la Casa Rosada, abarcó diversos sectores como energía, industria, bienes raíces, farmacéutica, infraestructura, consumo masivo y servicios financieros.
Milei presentó su visión sobre la “nueva era” económica que -según él- atraviesa la Argentina, y detalló los pilares de su programa económico: el saneamiento de las cuentas públicas, la libertad de mercado, la seguridad jurídica y la atracción de inversiones. “Argentina está dejando atrás décadas de decadencia”, expresó el mandatario, y subrayó que el país se encamina hacia “un modelo fundamentado en el respeto irrestricto por la propiedad privada, el equilibrio fiscal permanente y la apertura al comercio y la inversión”.
La reunión contó con la participación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein; y el embajador argentino ante España, Wenceslao Bunge Saravia. Según voceros oficiales, se generó un “fructífero intercambio” con los empresarios, quienes habrían manifestado “interés creciente en participar del proceso de recuperación y transformación” del país.
Milei enfatizó que “el rumbo económico trazado no se negocia” y que se mantendrá firme en “la senda del orden macroeconómico, la desregulación de los mercados y la generación de condiciones reales para el crecimiento económico”. En palabras del Gobierno, “Argentina ha iniciado una nueva era, y el mundo la observa con atención”.
Al aterrizar en Buenos Aires, el presidente tendrá que afrontar una carrera contra el reloj. En menos de cuatro semanas vencerán las facultades delegadas por la Ley Bases, lo que obligará al Ejecutivo a firmar una serie de decretos antes del próximo 8 de julio. Estas medidas serán clave para consolidar el plan de reformas que el oficialismo busca implementar sin necesidad de pasar por el Congreso.
Según fuentes de la Casa Rosada, al menos trece decretos ya están redactados y listos para ser promulgados. Entre ellos figuran iniciativas para la reducción del gasto público, el cierre de organismos estatales y una profunda centralización de funciones dentro del aparato gubernamental.
Las carteras que concentrarán el mayor volumen de modificaciones son Salud, Capital Humano y Economía. Se espera que cada decreto sea sometido a un proceso de revisión legal riguroso, lo que podría dificultar su entrada en vigor en los acotados plazos disponibles.
Uno de los focos principales será la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que podría implicar despidos, venta de inmuebles y un cambio radical en su gobernanza. También están bajo revisión el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El Instituto Nacional del Cáncer, si bien ya había sido mencionado en anuncios previos, aún no tendrá su desregulación reglamentada en esta etapa.
El Gobierno también continuará su plan de reducción del personal estatal. En el último año, la planta de empleados públicos cayó de 322.000 a 292.000. A su vez, el Ejecutivo mantiene congelado el salario de los altos funcionarios desde diciembre de 2023, mientras que los monotributistas estatales reclaman actualizaciones que no se concretan desde octubre pasado.
Las medidas buscan, según el oficialismo, consolidar una nueva estructura estatal más eficiente, centrada en el “orden fiscal y la competitividad”. Sin embargo, los gremios y organismos afectados ya anticiparon que podrían recurrir a presentaciones judiciales o medidas de fuerza si las reformas avanzan sin consenso.
Uno de los interrogantes centrales es qué ocurrirá con el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, una vez vencidas las facultades delegadas. Aunque podría conservar funciones de asesoramiento, su poder real de implementación quedaría seriamente limitado.
Sturzenegger, uno de los arquitectos del paquete de reformas económicas y administrativas, había trabajado junto a Milei en los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y en las leyes ómnibus presentadas durante los primeros meses de gestión. Su rol futuro dependerá de si el Congreso renueva parte de las atribuciones extraordinarias o si el Ejecutivo encuentra otras vías para sostener la agenda de cambios.
En paralelo a los desafíos técnicos, la estrategia comunicacional del Gobierno también podría verse alterada. Voceros libertarios no descartan que la firma y anuncio de algunos decretos se postergue, debido a posibles movimientos políticos o judiciales de alto impacto. Uno de ellos sería una eventual detención de Cristina Kirchner, que, de concretarse, modificaría de inmediato la agenda mediática y política del país.
En ese sentido, desde el entorno presidencial se manejan con cautela. Aunque las reformas están listas para implementarse, se priorizará el contexto político a la hora de decidir su anuncio público.