Nancy Pazos se encadenó y amordazó frente al Congreso contra la reforma laboral y la eliminación del estatuto del periodista en el Senado.
La periodista Nancy Pazos se encadenó y amordazó frente al Congreso de la Nación en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que incluye la eliminación del estatuto del periodista. La conductora de C5N realizó la protesta en su carácter de presidenta del colectivo Periodistas Argentinas, en la previa del debate en el Senado.
La Cámara alta comenzó este miércoles el tratamiento del proyecto, en un clima de fuerte conflictividad y con una movilización convocada por la principal central obrera. El oficialismo confía en reunir los apoyos necesarios para alcanzar la media sanción y girar la iniciativa a Diputados.
En diálogo con el programa "Mañanas Argentinas", Carla Gaudesi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), explicó que la acción cuenta con el acompañamiento de más de 3.000 periodistas ante el intento de derogar el estatuto profesional. Según advirtió, la medida implica una afectación a la libertad de expresión y al derecho a la información.
“Se regulan cuestiones que hacen a nuestra labor profesional y además afecta el derecho a la información”, sostuvo Gaudesi, quien cuestionó que no exista claridad sobre los alcances de la reforma laboral en discusión.
Por su parte, Pazos apuntó contra el Gobierno y afirmó que no se “amordazarán ni encadenarán”. Además, mostró una careta con la inscripción “Alcahuetes” y aseguró que la protesta no es solo gremial, sino en defensa de la democracia.
“El periodismo es el faro de la democracia. Es la luz de la democracia”, expresó la conductora, al señalar que la función de la prensa es informar a la ciudadanía sobre aquello que el poder de turno no quiere que se conozca.
El proyecto de reforma laboral flexibiliza contratos, reduce indemnizaciones, facilita despidos, limita el derecho a huelga y habilita pagos en especie, entre otros cambios que la CGT considera “regresivos”. El Gobierno sostiene que las modificaciones, junto con la reducción de cargas sociales, incentivarán la formalización en un mercado con 40% de informalidad y disminuirán la litigiosidad.
Mientras la oposición y los sindicatos advierten que no habrá creación de empleo en un contexto de estancamiento económico, caída del consumo y retracción industrial, el Ejecutivo negoció modificaciones para asegurar su aprobación antes del 1 de marzo, cuando Milei abrirá las sesiones ordinarias. Entre los gremios también hay tensiones: sectores más combativos reclaman a la CGT una postura más dura y convocar a una huelga.
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