La Casa Rosada define una estrategia contrarreloj para garantizar la aprobación del proyecto, en medio de fuertes tensiones con gobernadores, rechazo sindical y advertencias por el costo fiscal.
El presidente Javier Milei reunirá este martes en la Casa Rosada a su mesa política para definir la estrategia final con la que el oficialismo buscará aprobar la reforma laboral en el Senado, cuyo tratamiento está previsto para este miércoles 11 de febrero.
El encuentro se realizará en la Casa Rosada contará con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios, destacaron fuentes oficiales.
La reunión se dará a partir de las 11 en el marco de una alta incertidumbre parlamentaria, ante la posibilidad de que varios artículos centrales del proyecto sean rechazados. El punto más sensible es el capítulo fiscal que elimina el pago del impuesto a las Ganancias a grandes empresas, una medida que genera resistencia entre los gobernadores aliados por el impacto estimado de unos 3 billones de pesos anuales. Mandatarios como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil acompañan la reforma laboral en términos generales, pero exigen que la Nación absorba el costo fiscal o que la medida se postergue hasta 2027, una postura que encuentra respaldo en Bullrich pero un rechazo cerrado de Caputo y de Federico Sturzenegger.
Las críticas más duras llegaron desde los gobernadores opositores. Ricardo Quintela, de La Rioja, calificó la iniciativa como “un retroceso en los derechos de los trabajadores y una quita de recursos para las provincias argentinas”. “Naturalmente, el conjunto de los trabajadores argentinos va a perder, y las provincias también perdemos porque no tenemos recursos para discutir salarios ni mejorar servicios”, afirmó, y prometió “trabajar fuertemente en defensa de nuestros derechos y de los intereses del pueblo”.
En la misma línea, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto sostuvo: “respetamos porque estamos en democracia, pero somos críticos del modelo económico y social del Gobierno y no acompañamos las reformas que plantea la Nación”.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, se expresó a través de sus redes sociales.
En el extremo opuesto se ubicó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien ratificó el respaldo de su provincia a la reforma laboral y a la reducción de la alícuota de Ganancias para 144 grandes empresas, que dejarían de tributar. No obstante, pidió incorporar “una mirada pyme” al esquema impositivo y reclamó la baja de impuestos no coparticipables como las retenciones al agro y el impuesto al cheque. “La baja impositiva que impacta negativamente en las arcas provinciales se tiene que compensar con crecimiento económico, si no es solo pérdida”, advirtió, aunque aclaró que el acompañamiento legislativo no implica condicionamientos ni un intercambio político con la Casa Rosada.
En paralelo, Gustavo Sáenz denunció presiones internas dentro del peronismo. El gobernador de Salta aseguró que el kirchnerismo amenaza con intervenir los partidos provinciales cuyos senadores apoyen la reforma laboral. “Amenazan con quitarles la herramienta electoral si no votan en contra. Así es muy difícil trabajar”, sostuvo, y reclamó respuestas urgentes del Gobierno nacional sobre el capítulo fiscal del proyecto. “La macroeconomía puede estar ordenada, pero la micro no funciona y la caída del consumo es real. No aceptamos el capítulo de Ganancias y estamos ofreciendo alternativas”, concluyó, mientras la Casa Rosada busca cerrar apoyos en la votación.
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