Morosidad: la oposición acelera las negociaciones para el dictamen del proyecto

El proyecto del oficialismo se mantiene bajo cuatro llaves y lo único que se dejó trascender es que se trabajaría sobre la base de un esquema de advertencias al usuario, educación financiera, concientización y doble autenticación. "Lo estamos haciendo con aliados", señalaron fuentes del oficialismo de la comisión de Finanzas.

El martes 29 de septiembre, en el plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, es la fecha fijada para dictaminar según el emplazamiento votado el 26 de agosto pasado. Al desglosar los 133 votos que avalaron el emplazamiento de comisiones en el recinto, no sólo aparecen Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal -los bloques del staff estable de la oposición-, sino también sectores afines al Gobierno como Argentina Federal (que reúne misioneros y salteños), Elijo Catamarca, Independencia (Tucumán) y la diputada Karina Maureira de La Neuquinidad.

Después de varias rondas de negociaciones, Unión por la Patria logró cerrar una propuesta a nivel interno y la extendió a los referentes de estos bloques. Algunas de las bancadas, como el Frente de Izquierda, Elijo Catamarca e Independencia, no tienen vocales en ninguna de las dos comisiones, por lo que no serán necesarias sus firmas en la instancia del martes, pero sí resultarán indispensables sus votos cuando el proyecto llegue eventualmente al recinto.

El aumento de la morosidad resulta una señal de alerta sobre la situación financiera de las familias argentinas (Imagen generada con IA).

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Pablo Juliano, autor de otra de las iniciativas, es uno de los principales articuladores y negocia no sólo en nombre suyo, sino en representación de un grupo de diputados de Provincias Unidas, con llegada también a la Coalición Cívica. La gestión también alcanza a Nicolás Massot, de Encuentro Federal, y Yolanda Vega y Bernardo Biella, de Argentina Federal, cuyas firmas son imprescindibles si la oposición tiene la vocación de alcanzar dictamen de mayoría.

El proyecto consensuado internamente en Unión por la Patria consiste en una ley de emergencia por 180 días (prorrogable por otro período igual) que pone un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras virtuales, topes a los gastos y a las comisiones, y planes de refinanciación de hasta 36 meses de acuerdo a los montos. No menos importante: se eliminan el 100% de los intereses punitorios, respetándose el capital y los intereses compensatorios.

Sobre la disparidad de tasas que cobran las billeteras de acuerdo al scoring del cliente, se le dará competencia a Defensa del Consumidor para exigir la apertura del algoritmo, de manera tal de transparentar esas prácticas irregulares.

Crece el nivel de morosidad en la Argentina

El ratio de la morosidad se disparó a fines de 2024 y, de ahí en más, la curva no paró de empinarse: en la actualidad, el 12.8% de los créditos otorgados por bancos se encuentran en situación de mora, y lo mismo ocurre con el 25% de los préstamos concedidos por billeteras y otras plataformas del mundo fintech.

Desde el oficialismo y referentes de los bancos señalaron que el aumento del crédito es un signo positivo en un país con índices de bancarización aún deficientes como la Argentina. En cambio, la oposición y los representantes del colectivo de deudores no cuestionan los créditos en sí, sino la finalidad de los mismos: según advierten, alrededor de dos tercios de los préstamos se destinan a cubrir gastos esenciales como alimentos, servicios y medicamentos.