El ministro de Justicia, Germán Garavano, desestimó ayer que haya una “doctrina Chocobar” impulsada por el gobierno, al referirse a la reciente muerte de un niño de 12 años en la provincia de Tucumán como consecuencia de un disparo de un policía.

“No creo que haya doctrina Chocobar, el Presidente (Mauricio Macri) ya lo marcó en su mensaje de apertura de sesiones del 1 de marzo. Se trata de equilibrar: ni abolicionismo ni mano dura”, explicó el ministro sobre la postura que sigue el oficialismo en materia de Seguridad.

Y agregó: “No creo que se pueda relacionar lo que dice (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich con el asesinato del chico en Tucumán”, en alusión al caso de Facundo Ferreira, el nene de 12 años quien murió de un disparo policial.

El ministro se pronunció así luego de que el presidente Macri respaldara el accionar del policía Luis Chocobar, quien mató por la espalda a un menor que minutos antes había apuñalado a un turista estadounidense en un robo ocurrido en el barrio porteño de La Boca. Tras ese pronunciamiento del mandatario, la ministra Bullrich había destacado que el gobierno estaba cambiando “esta doctrina de que el policía siempre era culpable a la hora de un enfrentamiento”. Ahora, en la misma línea, Garavano sostuvo que “la víctima fue siempre el gran olvidado del proceso penal”, por lo cual el oficialismo busca que “se trabaje para asistir a la víctimas en todos los delitos y si son víctimas de las fuerzas de seguridad, acompañarlas en ese proceso”.

En declaraciones a FM La Patriada, el ministro consideró, por otra parte, que el Gobierno está realizando “reformas estructurales profundas” en el Poder Judicial y estimó que “eso incomoda a algunos jueces”.

“Estamos haciendo reformas estructurales profundas para mejorar la Justicia y eso incomoda a algunos jueces”, luego de que los magistrados Claudio Bonadio y Rodolfo Canicoba Corral cuestionaran al gobierno.

A su vez, el funcionario confirmó que el gobierno buscará reformar el Código Procesal Penal para regular las prisiones preventivas y precisó: “La idea es fijar pautas claras para que el imputado puede apelar rápidamente y la Cámara tener mas elementos para decidir si estuvo bien definida”.

“El desafío es que los casos puedan llegar a juicio mas rápidamente y así no tener que discutir las prisiones preventivas, sino la culpabilidad o inocencia de las personas sometidas a proceso”, apuntó.

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