
El juez federal Sebastián Casanello se declaró este lunes incompetente para investigar al presidente Mauricio Macri en la causa por su presunta participación en sociedades offshore.
El magistrado giró el expediente en parte a la Justicia de instrucción, donde se investiga a Macri por supuesto enriquecimiento ilícito, y el resto al fuero penal económico, por posibles infracciones tributarias.
En una resolución publicada en la página web del Centro de Información Judicial, el tribunal a cargo del magistrado remitió la parte de la causa que investiga la presunta “omisión maliciosa” cometida por Macri en su declaración jurada patrimonial a un juzgado de instrucción.
Desde dicho juzgado, manifestaron que “al haber descartado la hipótesis de lavado de activos”, la decisión que corresponde adoptar ahora conduce a declarar la incompetencia del fuero federal para seguir interviniendo.
“No vemos en autos, ni teniendo en cuenta la información que obra en esta unidad, actos concretos que puedan tener virtualidad para configurar la hipótesis prevista en el artículo 303 del Código Penal (lavado de activos)”, reza el texto.
La filtración periodística de documentos del gabinete de abogados panameños Mossack Fonseca, denominados papeles de Panamá, reveló en abril de 2016 que el jefe de Estado figuraba, según esos papeles, como miembro directivo de Kagemusha, inscrita en Panamá y Fleg Trading Ltd, registrada en Bahamas.
El juzgado valoró que las respuestas de la justicia de ambos países, así como de Brasil y Uruguay, no aportaron “ningún dato relevante” ya que “no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia”.
Por ello, el tribunal también se declaró incompetente para determinar, según pidió Delgado, si la “vida social” de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si el presidente argentino “tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal”.
En esta línea, pidió “extraer testimonios de las partes pertinentes” y remitirlos a Cámara en lo Penal Económico para que sea esta la que establezca el juzgado que debe investigar la documentación que afecta a esta otra parte de la causa.