Presentan un proyecto para penalizar el reclutamiento de mercenarios

La iniciativa se produce luego de la detención de una exoficial de la policía bonaerense por integrar una red dedicada a reclutar personal de las fuerzas armadas y de seguridad argentinos para combatir como mercenarios en la guerra de Ucrania.

La expolicía detenida es Griselda Inés Ortiz, que fue apresada en Tigre, acusada de integrar una red que reclutaba argentinos para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania como parte de fuerzas mercenarias a las órdenes de este último país. La investigación está a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora .

Cömo es la iniciativa

El proyecto establece sanciones para quienes, a cambio de una remuneración, presten servicios de naturaleza militar fuera de los supuestos autorizados por el Derecho Internacional o la legislación argentina. Además, penaliza la constitución, organización, financiamiento, integración y funcionamiento de estructuras armadas privadas.

Según los fundamentos de la propuesta, la reforma apunta a proteger bienes jurídicos considerados esenciales, entre ellos la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional. El texto sostiene que la legislación vigente no cuenta con instrumentos específicos para responder a este tipo de amenazas.

El diputado Ramiro Gutiérrez

La iniciativa también prevé un agravamiento de las penas cuando las organizaciones armadas privadas afecten la defensa nacional, utilicen menores de edad o faciliten la comisión de crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o actos de terrorismo.

Al mismo tiempo, el proyecto delimita expresamente los casos que quedan excluidos de la norma. Entre ellos figuran las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y policiales que actúen en funciones oficiales, las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las empresas de seguridad privada que operen conforme a la legislación vigente y el personal humanitario y sanitario.

El texto incorpora además una perspectiva adaptada a los conflictos híbridos contemporáneos al contemplar modalidades transnacionales de reclutamiento, financiamiento y operación. De ese modo, procura anticipar la respuesta penal frente a estructuras que desarrollan actividades con logística, inteligencia y recursos económicos privados.

Al defender la iniciativa, Gutiérrez afirmó que la reforma es necesaria porque la legislación argentina carece de herramientas específicas para combatir estas modalidades. "Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado", sostuvo el legislador.

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El proyecto también cita advertencias formuladas por organismos internacionales sobre el crecimiento del mercenarismo y las organizaciones militares privadas. Entre ellos menciona al Comité Internacional de la Cruz Roja, a través del Documento de Montreux, al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la materia y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que alertaron sobre los riesgos que estas estructuras representan para el Derecho Internacional Humanitario y la necesidad de que los Estados adopten marcos regulatorios eficaces.

En ese contexto, Gutiérrez aseguró que la iniciativa busca cubrir un vacío normativo existente en el país. "Mientras la justicia argentina investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas. Esta reforma viene a cubrir ese vacío legal", concluyó.