Protesta por la Ley de Tierras: los gremios se organizan y el Gobierno prepara un gran operativo

El ministerio de Seguridad de Alejandra Monteoliva realizará un operativo de seguridad acorde a la manifestación, con el protocolo que suele utilizar para las movilizaciones multitudinarias.

En Casa Rosada prevén encuentros en las próximas horas con autoridades de la cartera de Seguridad de la Ciudad para afinar detalles.

Por lo cual, y a priori, la zona del parlamento tendrá la custodia de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, las cuatro fuerzas federales. El objetivo de cada una es garantizar la libre circulación y evitar cortes totales de calles y avenidas.

Habrá un refuerzo de vallas alrededor de la Plaza del Congreso y las principales arterias como Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba. No se descartan controles para los manifestantes en pos de garantizar el orden en las calles, una de las grandes prioridades para la administración Javier Milei en este tipo de eventos.

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Quienes no avalan el proyecto, y se manifestarán en su contra, son la CGT, las dos CTA, el sindicalismo de izquierda, organizaciones sociales y políticas además de colectivos feministas, estudiantiles y ambientalistas. Todos estos grupos se estuvieron organizando a lo largo de los últimos días para estar presente en el Congreso y generar presión para que la normativa no sea aprobada.

Pese a las modificaciones de última hora de la propuesta legislativa, la calle Azopardo mostrará músculo este jueves. El triunviro Cristian Jerónimo, el lunes, rechazó el argumento oficial que presenta el proyecto como una defensa de la propiedad privada e insistió en que el objetivo es “flexibilizar las normativas vigentes para favorecer la concentración de recursos en pocas manos”.

Paralelamente, la CTA-T rechazó el "remate" de tierras nacionales que implica la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y advirtió que al buscar eliminar o elevar los límites vigentes, un tope del 15% a nivel nacional y departamental, y un máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo por titular extranjero), permite que el territorio sea adquirido "sin regulaciones reales por grandes corporaciones transnacionales".

La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también dará el presente. De hecho, con las CTA y la CGT, ofrecerá una conferencia de prensa para explicar por qué la ley es regresiva para el interés nacional.