PYMES y estaciones de GNC piensan ir también a la Justicia

"La decisión de la Corte Suprema de Justicia referida a las tarifas de gas, ha sorprendido negativamente a la pequeña y mediana empresa que se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo", señaló la entidad que conduce Osvaldo Cornide.

"Nadie discute la necesidad de actualizar tarifas absurdas; pero en cuadro recesivo, los aumentos anunciados y replanteados significaron golpes difíciles de absorber por las economías de las PYMES.

Al mismo tiempo, hay que poner en claro que los principales beneficiarios de las tarifas subsidiadas fueron los grupos concentrados", dijo CAME, para luego subrayar que "donde corresponda, encaminará las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo".

Por su parte la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido sostuvo que el fallo ocasionará un "grave perjuicio" a toda la industria en general por el aumento del precio establecido del gas y que por ese motivo "toda la cadena de valor" decidió presentar un amparo colectivo ante la Justicia Federal.

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Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) salió a expresar su preocupación "por la vigencia del tarifazo para el conjunto de usuarios no residenciales, lo que abarca a sectores sensibles como las PYMES, las empresas recuperadas y las cooperativas".

La entidad alertó que "en el actual contexto de recesión, caída de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia de un cuadro tarifario con aumentos como los que dispuso el Poder Ejecutivo resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios".

"El límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado. Al no haber una segmentación adecuada hacia el interior del entramado productivo, serán los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias", dijo la entidad.

Con un perfil más político que judicial, APYME sostuvo que "debe tratarse de modo urgente esta situación por las vías legislativa, jurídica y política" y que "uno de los caminos es crear de modo urgente la figura del ombudsman de las PYMES, como se propuso oportunamente durante el tratamiento de la ley de fomento a las Mipymes, a fin de impulsar un proceso colectivo que ampare al sector".

"Este camino debería seguirse también respecto del resto de los aumentos tarifarios, en particular de la electricidad y el agua, que también fueron fijados por el gobierno de modo unilateral, sin audiencias públicas y con completo descuido por sus devastadores desequilibrios sociales y productivos", completó APYME.