La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que penaliza la corrupción empresaria, tras varias modificaciones y discusiones durante su tratamiento legislativo.
Se trata de una modificación del Código Penal que actualmente contempla penas para personas físicas (directivos o gerentes, por ejemplo), pero no para personas jurídicas, con lo cual una firma involucrada en un hecho delictivo puede seguir operando sin consecuencia alguna. La sanción de este tipo de delitos es un compromiso asumido por la Argentina ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo al que el país pretende ingresar y que pidió una norma que penalice los delitos de empresas contra la administración pública.
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