El titular de Camioneros seguirá en la mira de la Justicia luego de que la Cámara Federal porteña desestimara un planteo de prescripción presentado por el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo.

La Cámara Federal porteña ratificó la vigencia de la investigación a la obra social del gremio de los Camioneros que conduce Hugo Moyano, por presunta defraudación en el otorgamiento de subsidios y reintegros de medicamentos.

Así lo resolvieron los camaristas Leopoldo Bruglia y Eduardo Farah, al desestimar un planteo de prescripción presentado por el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, dueño de la droguería “San Javier”.

En la causa se investigan varios delitos, entre ellos defraudación a la administración pública, a raíz de los reintegros que otorgaba la Administración de Programas Especiales (APE) a la obra social de Camioneros por la entrega de medicamentos de alta complejidad que en verdad nunca llegaban a los afiliados o bien estaban adulterados.

En las últimas semanas, el juez federal Claudio Bonadio avanzó con la investigación en relación al supuesto desvío de dinero desde la obra social de los camioneros a empresas vinculadas a la familia Moyano.

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En este último capítulo de la investigación, el juez ordenó un peritaje contable a peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Los cargos formulados por el acusador parten de la hipótesis de una maniobra defraudatoria global en perjuicio de la Administración de Programas Especiales, en la cual habrían tomado parte funcionarios públicos y particulares”, remarcaron los camaristas.

Y agregaron que esta “operatoria continuada estuvo constituida por diferentes eventos interrelacionados entre sí (documentados en expedientes administrativos con distinta numeración), que tienen como denominador común el reconocimiento irregular de subsidios o reintegros por la provisión de medicamentos de alto costo para el tratamiento de enfermedades complejas de afiliados de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA)”.

Por ello entendieron que la condición de funcionario público cuando ocurrieron los hechos por parte de acusados (como el ex auditor de la obra social de Camioneros Daniel Lombardero y el ex superintendente de Servicios de Salud Juan Rinaldi) evita la prescripción de la causa.

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