Consideran que se trata de una actitud “legítima” y “legal”. Diputados argentinos sancionaron recientemente una ley que penaliza a las empresas que actúen sin autorización en la plataforma

La Gobierno británico defendió la exploración petrolífera en la zona de las Islas Malvinas, al considerar que se trata de una actividad "legítima" y "legal", luego de que el Congreso argentino sancionara una ley que penaliza a las empresas que actúen sin autorización del Estado en la plataforma continental.

 "Las actividades de hidrocarburos por parte de cualquier compañía que opera en la plataforma continental de las islas Falklands (Malvinas) son reguladas por el Gobierno (británico) de las islas Falklands (Malvinas), en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley del Mar", indicó el vocero de la Foreign Office a medios de prensa internacionales.

 Se refirió así a la sanción por parte de la Cámara de Diputados el miércoles pasado (por 143 votos afirmativos contra 39 negativos y 11 abstenciones) de una ley que penaliza a las empresas que exploren y exploten hidrocarburos sin autorización del Estado argentino.

 Agregó, al respecto, que "el gobierno del Reino Unido inequívocamente respalda el derecho de los isleños de explotar sus recursos naturales para su propio beneficio económico" y sostuvo que "este derecho (a la explotación) es parte integral de su derecho a la autodeterminación".

El funcionario manifestó también que "la legislación interna argentina no se aplica en las islas Falklands, South Georgia y las islas South Sandwich, que son territorios de ultramar del Reino Unido".

 La modificación introducida por la Cámara baja a la ley 26.659 incorpora la "responsabilidad penal" para "personas físicas y jurídicas que sin la autorización correspondiente realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en el lecho o en subsuelo del mar territorial o en la plataforma continental argentinos".

 La norma, cuyo proyecto había sido enviada por el Poder Ejecutivo, aplica penas de prisión de hasta 14 años y multas equivalentes al valor de hasta 1,5 millones de barriles de petróleo, así como también impone la prohibición de operar en la Argentina para individuos y compañías y la confiscación de equipamiento y cualquier hidrocarburo que sea extraído ilegalmente.

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