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El falló judicial, que además involucra a una veintena de persona, se produjo al rechazar los recursos presentados por las defensas por considerarlos "inadmisibles".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas de Lázaro Báez y de una veintena de personas en la causa conocida como la "Ruta del dinero K", al rechazar los recursos presentados por las defensas por considerarlos "inadmisibles", en lo que representa un hito judicial en la lucha contra el lavado de activos derivados de la corrupción.
Con el fallo del máximo tribunal se torna definitiva la sentencia que impuso diez años de prisión al empresario Lázaro Báez por maniobras de lavado por más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de una estructura financiera y societaria que incluyó operaciones en el país y el exterior, y que cobró notoriedad pública tras la difusión en 2016 del video de "La Rosadita", donde se lo veía a su hijo contando fajos de billetes.
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La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar planteos sin necesidad de fundamentarlos. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al entender que correspondía la intervención de la Procuración General.
Los demás condenados
El fallo también ratificó las condenas de otros imputados como Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín (seis años cada uno), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros. En total, fueron 22 personas condenadas, aunque las hijas de Báez resultaron absueltas por falta de prueba de su participación en los hechos.
El Tribunal Oral Federal 4, que juzgó la causa entre 2018 y 2021, deberá ahora computar las penas efectivamente cumplidas y decidir sobre arrestos pendientes o penas en suspenso. Además, se ratificaron multas multimillonarias de hasta U$D 328 millones y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.
La investigación se inició en 2013 a raíz de un informe periodístico televisivo, y se consolidó en 2016 con la difusión del video que mostraba la operatoria en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita". La Justicia determinó que las maniobras de lavado estaban precedidas por evasión fiscal y uso de facturas apócrifas, vinculadas al manejo de Austral Construcciones, firma insignia del empresario ligado al kirchnerismo.
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Por su parte, la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa sigue en etapa de instrucción. Aunque el juez Sebastián Casanello había dictado su sobreseimiento, la Cámara Federal lo revocó tras aceptar como querellante a una ONG. La Corte también desestimó los recursos presentados por su defensa por cuestiones formales.
La causa se convierte en uno de los expedientes judiciales por corrupción más avanzados de los últimos años, con condenas firmes y decomisos históricos.
La investigación se centró en distintas maniobras de lavado, independientes entre sí. La principal de ellas es la que el tribunal de juicio denominó: “circuito de expatriación y reingreso de fondos”, que alude a la maniobra consistente en el traslado del dinero de origen ilícito en efectivo, desde Santa Cruz a Buenos Aires, en aeronaves de la empresa de taxis aéreos, para luego transferirlo mediante la financiera SGI a cuentas bancarias en Uruguay y, desde allí, a cuentas en bancos suizos abiertas a nombre de empresas off shore constituidas en Panamá.
Finalmente, los fondos habrían sido utilizados para adquirir bonos de la deuda pública nacional, posteriormente vendidos en la Argentina para completar la repatriación de los fondos.
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