Una de las querellas pidió la reactivación de la causa en la que están bajo la mira Mauricio Macri y su gabinete. Analizarán llamadas del jefe de Gobierno y sus colaboradores.
Una de las querellas de la causa por las responsabilidades políticas en la brutal represión que la Policía Metropolitana emprendió durante el desalojo de los talleres del Hospital Borda en abril de 2013 pidió una serie de medidas para reactivar la investigación en la que están bajo la mira el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y su Gabinete.
 
A poco de que la Cámara del Crimen ordenara seguir la investigación luego de revocar un sobreseimiento del líder del PRO en la causa, la querella integrada por un grupo de damnificados pidió al juez del caso que analizara todas las llamadas entrantes y salientes que hubo ese día.
 
En el expediente no sólo se investiga la responsabilidad que pudo haber tenido Macri, sino también su vicejefa, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; y los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro; de Desarrollo Urbano, Daniel Chain; y de Salud, Graciela Reybaud; entre otros.
 
Todos habían sido sobreseídos en diciembre pasado por el juez de instrucción Jorge López, pero en abril la Sala IV de la Cámara del Crimen consideró prematuro desvincularlos y, en cambio, ordenó que se sigan siendo objetos de investigación, al igual que los jefes de la Policía Metropolitana.
 
Ahora, la querella unificada patrocinada por los abogados Lucas Adrián Arakaki y Martín Alderete pidieron un paquete de medidas para reactivarla: entre ellas, un análisis de las llamadas entrantes y salientes que registran los teléfonos (celulares y oficiales) de Macri, Vidal, Rodríguez Larreta, Montenegro, Chain, Reybaud; el titular de la Metropolitana, Horacio Alberto Jiménez; y el subjefe de la fuerza, Enrique Pedace.
 
En el escrito presentado reclamaron que "se determine el lugar de ubicación así como las celdas de antenas utilizadas, llamadas salientes y entrantes, los números y su titularidad, así como la duración de cada una de las llamadas desde las 12 horas del 25 de abril hasta las 18 horas del 26", el día en que la fuerza porteña desalojó los talleres del Hospital Borda, lo que terminó en la represión contra los manifestantes.
 
En cuanto a Vidal, la querella asegura que estuvo en el Borda apenas minutos antes que se iniciara la embestida de la Metropolitana hacia empleados del hospital, médicos y de la cual también fueron víctimas trabajadores de prensa.
 
Por ello pidieron que se citara a testigos que pueden dar detalles sobre la presencia de la funcionaria en el lugar, entre ellos al asesor tutelar Gustavo Moreno y al administrador del Hospital, Roberto Romero.
 
También pidieron al juez del caso que tome en cuenta las explicaciones de Montenegro cuando fue interpelado por la Legislatura porteña al día siguiente de la represión.
 
"Todo lo que se llevó adelante por parte de la Policía Metropolitana estuvo de acuerdo con lo establecido; entendemos que lo realizado se llevó a cabo con la Justicia y amparados por la ley. En definitiva, será la Justicia la que va a determinar cuáles son las responsabilidades de cada uno de nosotros", surge de la versión taquigráfica de aquella jornada aportada por la querella.
 
Los incidentes en el Borda tuvieron lugar cuando la Metropolitana por orden del Gobierno porteño comenzaba el desalojo de un taller ubicado en el interior del Hospital, y en donde se presupone se iba a construir un nuevo centro cívico. "En las seis horas que duró el conflicto, con canales de televisión transmitiendo en vivo la salvaje represión policial, el ministro Chaín ninguna medida tomó, en el marco de su competencia, para dar marcha atrás con su ilegal decisión" de llevar a cabo la obra, criticó la querella.
 
Además, los abogados recordaron que se sabía de ante mano al desalojo que el edificio del taller demolido poseía asbesto, un "producto de gran peligrosidad y toxicidad", y que por ello la demolición o de retirada del amianto conlleva un tratamiento especial.
 
El operativo policial en el Borda fue uno de los excesos que la fuerza Metropolitana mostró en su corta vida, a lo que se suma la represión en el desalojo del tomado Parque Indoamericano a fines de 2010 en donde hubo dos personas muertas: en ambas causas aún no hay responsables determinados.

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