El gobierno puso en marcha ayer una transición al Salario Social Complementario. Quienes están en programas de empleo del Ministerio de Trabajo serán reencuadrados bajo el régimen de la Ley de Emergencia Social.

El gobierno dio el primer paso para la implementación de Salario Social Complementario (SSC), previsto por la mentada ley de Emergencia Social: ayer formalizó el pago de $4 mil para unos 18 mil trabajadores de la economía popular.

Para los movimientos sociales, en tanto, resulta un “avance” pero advierten que muchos de los beneficiarios son los mismos que “habían dejado de cobrar hacía algunos meses” y además deslizan diferencias con el oficialismo en cuanto al número final que abarcará el registro de trabajadores previsto por la norma sancionada a fines de 2016.

Ayer se publicó en el Boletín Oficial el Programa de Transición al Salario Social Complementario, que implementa medidas de apoyo destinadas a los trabajadores incluidos en acciones o planes de empleos relacionados con la economía popular.

La resolución señala que los destinatarios del programa “percibirán en forma directa y diferenciada una ayuda económica no remunerativa de 4000 pesos para su disponibilidad a través de una tarjeta magnética”.

Serán beneficiarios “aquellos trabajadores que finalicen o finalizaran luego de la entrada en vigor de la ley 27.435 (anterior a la de Emergencia Social) su participación en algunas de las líneas de asistencia económica individual del programa Trabajo Autogestionado, en el programa Construir Empleo o en acciones especiales implementadas por el Ministerio de Trabajo orientadas a sectores de la economía popular”.

El programa, enmarcado en la Emergencia Social que el gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019 con la citada ley, excluye a aquellos que perciben una remuneración proveniente de un contrato laboral bajo relación de dependencia, prestaciones contributivas por desempleo y previsionales y ayudas económicas provenientes de planes de empleo.

Desde la cartera laboral deslizan que en primer término el pago del beneficio alcanzará a 18 mil integrantes de organizaciones sociales pero que esa cifra podría ampliarse a 50 mil en los próximos meses.

“La gran mayoría participó o participa de planes sociales” y en paralelo se desarrolla “el proyecto empalme” por el cual el gobierno se compromete a pagar ese monto como parte del sueldo a aquellas empresas que se decidan contratar a beneficiarios: “es pasar del asistencialismo a la formalidad”, precisan.

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En este sentido, un estrecho colaborador de Mauricio Macri explica a este diario que “es un parche, porque es el paso hacia la formalización de un empleo formal para aquellos que la pasan mal” y se muestra confiado en que esta medida ayudará a reducir los piquetes en la Ciudad: “hay comprensión de la mayoría de las organizaciones sociales, las más radicalizadas, como las vinculadas al kirchnerismo seguramente continuarán las protestas: están buscando un muerto” para que el gobierno pague el costo político de esa tragedia.

Por su parte, Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita y la CTEP, sostiene ante la consulta de este diario que la formalización difundida ayer “es una avance hacia la instrumentalización del Salario Social Complementario pero esos 4 mil pesos irán a muchos a los que les habían cortado los pagos en los últimos meses por programas dependientes de Trabajo”.

Los movimientos sociales pretenden la incorporación de un millón de beneficiarios de planes al registro de Trabajadores de la Economía Popular. Empero, a un alto funcionario consultado ayer por este medio le pareció “exagerado ese número” y el universo de inscriptos “será fijado por Trabajo y Desarrollo Social”.

Al ser consultado por este parecer, Pérsico dijo que “el Ministerio de Trabajo dice que son 4 millones de trabajadores de la economía popular. Es difícil, va a ser lento, pero si queremos salir de los planes sociales tenemos que ir hacia eso, un salario equivalente al mínimo, vital y móvil para que luego los trabajadores sean formalizados. Igual no hablamos de números en el registro y, para que no entre la discriminación que hace la política, debe ser un derecho universal”

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