Suspendieron audiencia entre el Estado y el Correo

La suspensión de la audiencia la decidió la Sala B de la Cámara para analizar un pedido del representante del Estado Nacional, Juan Bernabé Aráoz, quien, a través de un escrito, solicitó una prórroga de 120 días.

El plazo es el que se estimó para que la Auditoría General de la Nación (AGN) complete el trabajo que se le encomendó: la producción de informes sobre la intervención del Ministerio de Comunicaciones, la ex Secretaría de Comunicaciones y en la ex Comisión Nacional de Comunicaciones y el análisis de los créditos del Estado con Correo Argentino al momento de la presentación del concurso.

La audiencia, que había comenzado a las 11.30 en la sede del tribunal, Diagonal Roque Sáenz Peña 1.191, piso 5, de Capital Federal, duró solo algunos minutos, los necesarios como para que se levantara un acta de suspensión que se les entregó a los asistentes.

“Las partes serán notificadas con una copia del escrito” presentado por el Estado Nacional, “para que se expidan sobre el pedido” de prórroga “y luego el tribunal resolverá”, dijo a Télam uno de los presentes en la audiencia.

Aráoz, Robirosa, la fiscal Gabriela Boquín, y síndicos del concurso fueron algunos de los que participaron en la breve audiencia, junto con las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz.

LEA MÁS: La AGN conformó un equipo técnico para auditar el Correo Argentino

La audiencia había sido convocada a pedido del presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad. El ministro se retractó del acuerdo -sin homologación- que había sido alcanzado en junio de 2016, como parte del concurso preventivo de la compañía y a cuya homologación se opuso la fiscal.

Tras los escritos del Estado Nacional y el Correo Argentino, la Oficina Anticorrupción (AO) solicitó poder compulsar el expediente, de más de 200 cuerpos y casi 25.000 fojas- lo que fue autorizado por la Sala B.Cibils Robirosa pidió la audiencia para “tratar de encontrar de buena fe y en conjunto una salida razonable a este largo proceso concursal” con “una solución justa y equitativa para todos los interesados”.

La decisión de dejar sin efecto el acuerdo -no homologado- por parte del gobierno nacional se produjo luego de que la fiscal Boquin sostuvo que ese convenio era “abusivo” y perjudicial para las arcas del Estado.