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El fiscal federal la acusó de presunto fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad y otros delitos, en el marco de la causa que investiga la compra irregular del edificio central donde funciona el organismo que conduce, en 2013
El pedido del fiscal federal Eduardo Taiano fue anticipado en las últimas horas pero se efectuó este martes ante el juez Julián Ercolini, quien evaluará el dictamen y decidirá si cita como imputada a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la compra del edificio de la calle Perón 667, en Capital Federal, por la que se pagó unos $43,8 millones en 2013.
Esto se da en medio de la puja del Gobierno Nacional por querer echar a la Procuradora, a quien acusan de ser partidaria del kirchnerismo, y luego de que la propia Gils Carbó en declaraciones radiales anunciara que no se irá aún si el Presidente firma por decreto su expulsión del organismo que conduce.
La causa contra Gils Carbó se inició este año a raíz de la compra de ese edificio que se hizo a través de la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados y en cuya operación intervino el intermediario Juan Carlos Thill al que se le pagó casi 3 millones de pesos de comisión, y que es medio hermano del número dos del área de contrataciones un funcionario de la Procuración General de la Nación.
Se trata de Guillermo Bellingi, quien fuera apartado de su cargo como subdirector general de la Procuración General de la Nación tras la denuncia, y es medio hermano de Thill.
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Según la investigación, la compra del edificio estaba digitada desde antes de hacerse pública la oferta y se intentó beneficiar a determinadas empresas y personas con el pago de comisiones.
La venta la realizó la empresa Arfinsa -del Grupo Bemberg- y la inmobiliaria Jaureguiberry y Asesores Inmobiliarios cobró una comisión de 7,7 millones de pesos, en tanto que unos 3.000.000 se llevó Thill también bajo el mismo concepto.
Por ello, el pedido del fiscal de citaciones a indagatoria también abarca a Bellingi, Thill, Jaureguiberry, los directivos de Arfinsa y otros funcionarios de la Procuración.
Según surge del expediente, el 1 de marzo de 2013 Arfinsa contrató a la inmobiliaria Jaureguiberry para que intervenga como asesora inmobiliaria para la venta del edificio de Perón 667. Unos tres días más tarde, la inmobiliaria a su vez contrató a Thill como intermediario, un productor de seguros que no tendría vinculación con el mercado inmobiliario, y todo ello pese a que aún la licitación pública no había sido formalizada lo que recién se hizo el 6 de marzo de ese año mediante resolución Administrativa 317/2013, la cual lleva la firma de Gils Carbó.
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